Complejo Fábrica Imbabura
Antonio Ante
20 de febrero del 2026
Señores Jueces y Juezas
En Ecuador se ha instalado con preocupante ligereza una expresión que, repetida sin rigor, erosiona la esencia misma del Estado constitucional: “persecución política”. El término, que debería reservarse para describir graves desviaciones del poder punitivo con fines de represalia ideológica, se ha convertido en consigna automática frente a toda actuación judicial que afecta a un actor con relevancia pública. Cuando todo proceso es presentado como persecución politica, la justicia deja de ser un espacio de deliberación jurídica y se transforma en campo de batalla simbólico.
Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, pero adquiere especial gravedad en una democracia joven y aún frágil. La desconfianza ciudadana en la administración de justicia no surge solo de errores o casos de corrupción; también se alimenta de narrativas sistemáticas que desacreditan de antemano cualquier decisión judicial adversa. Así, la sentencia deja de ser leída a la luz de la prueba y el derecho, y pasa a interpretarse como episodio de una supuesta guerra política permanente.
La consecuencia es doblemente nociva. Por un lado, se debilita la legitimidad de jueces y juezas, cuya función constitucional es aplicar la ley con independencia e imparcialidad. Por otro, se banaliza la verdadera persecución política, que existe cuando el poder del Estado se usa para silenciar disidencias, no cuando se activa el control jurisdiccional con base en indicios y normas vigentes. Confundir ambas realidades trivializa los abusos auténticos y obstaculiza la rendición de cuentas.
¿Cómo desterrar esta tendencia? La respuesta no es el silencio judicial ni el repliegue institucional, sino más transparencia, más pedagogía y más firmeza ética.
Primero, es imprescindible fortalecer la motivación de las decisiones. Una sentencia clara, exhaustiva y comprensible reduce el espacio para la manipulación discursiva. La ciudadanía no exige tecnicismos incomprensibles; exige razones. Cuando el juez explica con precisión por qué una medida cautelar procede, por qué una prueba es válida o por qué un tipo penal se configura, contribuye a desactivar la narrativa simplista de la persecución política
Segundo, se requiere una cultura institucional que respalde la independencia judicial. Los órganos de gobierno de la Función Judicial deben actuar con coherencia y sin cálculos coyunturales. La independencia no es privilegio corporativo; es garantía ciudadana. Defenderla implica rechazar presiones políticas, pero también evitar que la judicatura se convierta en actor político.
Tercero, es fundamental promover responsabilidad en el debate público. Los líderes políticos y de opinión tienen derecho a criticar decisiones judiciales; lo que no pueden es erosionar sistemáticamente la credibilidad del sistema cuando el fallo no les favorece. La crítica jurídica es saludable; la deslegitimación permanente es erosiva.
Cuarto, la formación continua de operadores de justicia debe reforzar no solo conocimientos técnicos, sino convicciones éticas. El juez no es instrumento del poder ni protagonista del escenario político. Es garante de derechos y árbitro de conflictos. Cuando actúa con integridad, aun frente a ataques, envía un mensaje poderoso: la justicia no responde a consignas, sino a la Constitución y la ley.
En este contexto, reunidos en el Complejo Fábrica Imbabura de Antonio Ante, el 20 de febrero de 2026, el desafío es reafirmar un compromiso: que la expresión “persecución política” no se convierta en escudo automático frente al control judicial, ni en arma para intimidar a quienes cumplen su deber. La confianza en la justicia no se impone; se construye con coherencia, transparencia y valentía institucional.
Si permitimos que toda decisión jurídica sea absorbida por la lógica de la confrontación política, debilitamos la democracia y vaciamos el contenido de la Constitución. Pero si defendemos, con serenidad y firmeza, la independencia judicial y la supremacía del derecho, estaremos no solo protegiendo a la judicatura, sino preservando el pacto democrático que sostiene a la República.
