La justicia ecuatoriana en capilla

Les hablo desde mi otra Trinchera: Antonio Ante.

En el Ecuador se ha vuelto casi una verdad asumida que muchos procesos judiciales ya no se resuelven en los tribunales, sino en el terreno de la política. Decisiones con precio, fallos negociados, procesos torcidos. Esa percepción no nace del capricho ciudadano, sino de años de desconfianza sembrada por una justicia frágil y por medios de comunicación públicos —y hasta oficiales— que han perdido credibilidad.

Hoy, jueces, fiscales y operadores de justicia cargan con una sospecha permanente. No porque todos sean corruptos, sino porque el sistema ha permitido que proliferen los delitos sin sanción, los expedientes inconclusos y, peor aún, los montajes probatorios. Incluso el avance tecnológico, como la inteligencia artificial, empieza a ser usado no para fortalecer el Derecho, sino como pretexto para deformarlo.

A esto se suma otra práctica peligrosa: gobernar a punta de comunicados. Comunicados forjados, medias verdades amplificadas por ejércitos de troles pagados, diseñados para confundir, distorsionar y desgastar la verdad. En ese ruido informativo se instala una pregunta que vuelve una y otra vez:
¿Estamos frente a simples rumores o frente a procesos reales que avanzan fuera del escenario ecuatoriano?

Un ejemplo recurrente es el del expresidente Rafael Correa Delgado. Durante años, sus casos han sido presentados como persecución política o como venganzas internas. Sin embargo, hoy circulan comunicados y señales que —al menos en apariencia— parecen ir más allá del juego local. El cerco ya no sería únicamente nacional. Se habla de justicia internacional, de cooperación judicial, de investigaciones que cruzan fronteras.

Y aquí hay una diferencia clave que no se puede ignorar.

Cuando las fiscalías extranjeras entran en escena, el panorama cambia radicalmente. Ya no mandan los discursos, ni las cadenas nacionales, ni las narrativas ideológicas. Mandan los expedientes. Mandan las transferencias bancarias. Mandan los documentos verificados, las pericias técnicas, las meta-pericias y las pruebas plenas.

En el Derecho Internacional no pesan los aplausos ni las consignas. Pesa el rastro del dinero. Pesan los vínculos comprobables. Pesan los hechos.

Por eso, cuando se habla de presuntos flujos irregulares de dinero, de posibles conexiones con estructuras criminales transnacionales o de actividades que ya no pueden ser calificadas como “políticas”, la discusión deja de ser retórica. En ese escenario, la justicia se vuelve fría, técnica y persistente. No grita, no persigue en redes, no necesita propaganda. Simplemente avanza.

Ese es el contraste más duro para el Ecuador.

Mientras aquí los procesos se entrampan, se politizan o se desacreditan, afuera funcionan los convenios de cooperación, el respeto a las Constituciones, el cumplimiento estricto de la ley y la actuación de jueces probos que no deben favores ni temen presiones locales.

La historia demuestra que el poder puede retrasar la justicia, pero no abolirla. Quienes creen que el poder es un escudo eterno de impunidad suelen olvidar que, tarde o temprano, el peso frío de la justicia alcanza incluso a quienes se creían intocables.

No se trata de condenar antes de tiempo ni de celebrar linchamientos mediáticos. Se trata de algo más simple y más profundo: entender que la verdad jurídica no se construye con comunicados, sino con pruebas; no con troles, sino con expedientes; no con discursos, sino con hechos verificables.

Hoy, la justicia ecuatoriana parece estar en capilla. Y cuando la justicia entra en capilla, el país entero debería preguntarse si seguirá aceptando un sistema que responde al poder o si, de una vez por todas, exigirá un Derecho que responda a la verdad.

Porque sin justicia creíble, no hay democracia posible.
Y sin verdad, ningún relato resiste cuando la ley decide hablar.