Si asumimos que las “vacunas” (extorsiones) ya operan como un impuesto criminal paralelo, entonces las respuestas también deben ser integrales y no solo policiales. Algunas medidas adicionales y realistas que se pueden sugerir para cantones críticos en especial en los cantones de la Costa —especialmente donde la Policía y Fiscalía son débiles o politizadas— serían:
1. Blindaje financiero y crediticio (más allá de “facilidades de pago”)
No condonación general, sino protección diferenciada:
- Suspensión temporal de intereses y moras para víctimas certificadas de extorsión.
- Reperfilamiento obligatorio de deudas (alargar plazos, bajar cuotas).
- Prohibición de reportes negativos en burós de crédito mientras dure la condición de víctima.
- Fondos de garantía estatal o multilateral para microfinancieras que asuman ese riesgo.
Esto evita que la extorsión termine empujando a la quiebra y luego al lavado o a la cooptación criminal.
2. Certificación rápida y segura de “víctima de extorsión”
Si denunciar es peligroso:
- Certificación administrativa confidencial (no penal) a través de:
- Defensoría del Pueblo
- Cámaras de comercio/transporte
- GADs cantonales con respaldo legal
- Uso de pruebas indirectas: patrones de cobro, amenazas colectivas, zonas controladas, testimonios reservados.
No todo debe pasar por Fiscalía si esta no funciona o está capturada.
3. Zonas económicas protegidas (ZEP)
En cantones críticos:
- Reducción temporal de impuestos municipales.
- Exoneración de tasas por uso de suelo, mercados, patentes.
- Horarios protegidos y corredores seguros para transporte y abastecimiento.
- Convenios con Fuerzas Armadas solo para protección de actividades económicas, no control social.
Quitarle oxígeno financiero a las bandas donde más exprimen.
4. Acción comunitaria legalizada (no justicia por mano propia)
Dado que la extorsión ya “resuelve conflictos”:
- Centros de mediación reforzados y blindados, con respaldo estatal.
- Redes barriales legales con:
- alarmas comunitarias,
- canales cifrados,
- presencia institucional visible (aunque mínima).
- Protección legal para dirigentes barriales y gremiales.
Si el Estado no llega, el crimen ocupa ese vacío. Hay que disputar ese espacio.
5. Inteligencia económica, no solo policial
Cuando la fuerza pública falla:
- Seguimiento de flujos de dinero, no de personas.
- Control reforzado a:
- “cobradores” informales,
- cooperativas de fachada,
- casas de empeño,
- negocios sin lógica financiera.
- Intervención de SRI, UAFE y Superintendencias con enfoque territorial.
Golpear la caja es más efectivo que patrullar calles sin información.
6. Responsabilidad política y transparencia
Si hay direccionamiento ideológico:
- Publicación obligatoria de mapas de riesgo cantonal.
- Informes trimestrales de actuación policial y fiscal.
- Veedurías ciudadanas con respaldo internacional (ONU, BID, CAF).
- Condicionar recursos nacionales a resultados verificables.
La impunidad también es una decisión política.
Mensaje clave
Esto no es “beneficiar morosos”, sino evitar que el crimen organizado se convierta en el verdadero regulador económico del país y de mi cantón Antonio Ante
