Dictaduras y democracias son antítesis políticas que han corruptamente gobernado Ecuador. En el primer caso, el país fue botín de un partido gobernante y sucursal offshore de otros criminales de Estado. En el segundo, sistémico también, la nación ha regularmente deambulado durante su vida republicana. La pobrísima institucionalidad, materia prima de la corrupción, es la causa de esta tragedia nacional que impide transitar por las sendas del desarrollo.
Las ideologías y los nacionalismos acaban siendo aforismos irracionales para entes gubernamentales desinstitucionalizados, máxime cuando esa corrupción carcome al Estado, castiga al individuo y mantiene en indefensión a la colectividad. La capacidad de desarrollo del Ecuador es superlativa gracias exclusivamente a sus abundantes recursos naturales, pero si estos no apalancan su crecimiento económico —y la corrupción no es derrotada— jamás habrá forma alguna de revertir la pobreza engendrada desde sus históricas entrañas.
El país no podrá desarrollarse plenamente sin ser irresistible a la inversión por las multinacionales. Es imperativo reducir cargas impositivas, romper barreras arancelarias y garantizar estabilidad —en seguridad jurídica y ciudadana—, entre otras políticas públicas, pero, sobre todo, combatir eficazmente la corrupción. La permisibilidad y obsecuencia del poder constituido nutren a una corrupción —caso Godoy, etc.— que continúa desintegrando a la sociedad mientras los remanentes del Estado de derecho son aniquilados por quienes prometieron protegerlo.
Mientras no exista una sociedad con educación, cultura y valores de calidad , esta será tierra propicia para la corrupción a todo nivel en una sociedad que no sabe defender sus derechos