Modelo presupuestario

En el marco de una conferencia conmemorativa por el Día del Economista Ecuatoriano, en 2015, y después en la columna semanal que firma en diario El Universo, el ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, propuso el estudio técnico de lo que calificó como exitoso modelo de gestión económica y presupuestaria del municipio de Guayaquil, dirigido entonces por el alcalde Jaime Nebot e iniciado por su antecesor León Febres Cordero, a partir de agosto de 1992. Dahik inclusive llegó a sugerir que los habitantes porteños mediante votación pública o en cabildo ampliado reconozcan a este modelo como “patrimonio” y evitar que pueda cambiarse o destruirse por intereses politiqueros.

El ex segundo mandatario respaldaba su proposición en los positivos logros de esas administraciones aplicando con estricta disciplina el ejercicio presupuestario que destinaba entre el 15 y el 20% para gasto corriente y pago de salarios, y el 85 y 80% restante para inversión, es decir para la ejecución de la obra pública requerida, necesaria e indispensable, para beneficio exclusivo de la población asentada a lo largo y ancho de la ciudad y del cantón. Si se convertía en “patrimonio” de la ciudad, decía Dahik, dicho modelo no correría el riesgo de que venga otro administrador a gastar indebidamente los dineros y volver la alcaldía en un botín político-populista-electoral.

Recientemente, el presidente Noboa ha presentado un proyecto de ley que obliga a municipios, prefecturas y juntas parroquiales destinar al menos el 70% de sus presupuestos a inversión, obras y servicios como vialidad, agua potable, alcantarillado, infraestructura pública en general, y el 30% a gastos administrativos y salarios. De aprobarse ésta su aplicación será progresiva: 60% el 2027, 65% el 2028 y 70% el 2029. Las autoridades seccionales deberán reportar trimestralmente sobre el uso de los recursos al ministerio de Economía y el incumplimiento permitirá recalcular el presupuesto y pedir la intervención de la Contraloría.

Se trata de un interesante proyecto. Puede modificarse y observarse en lo que sea menester, pero no en lo sustantivo: los porcentajes propuestos para el uso de los recursos. Su éxito, claro está, dependerá de la entrega oportuna en el tiempo y exacta en la cantidad por parte del gobierno central de lo que le corresponde a cada uno de los gobiernos autónomos y pague la totalidad de los que les adeuda. Que el propio gobierno central dé el ejemplo invirtiendo más y gastando menos, no disponiendo de dineros ajenos, no disminuyendo las asignaciones, no interfiriendo y respetando las autonomías, escuchando a los administradores locales y siendo receptivo con sus sugerencias. ¡Ya veremos qué pasa!