El llamado caso Caja Chica es una investigación penal preliminar que dirige la Fiscalía General del Estado del Ecuador por posible delincuencia organizada con fines de lavado de activos, vinculada al financiamiento político de campañas electorales.
¿Por qué se llama así?
El nombre hace referencia a la sospecha de una estructura paralela de manejo de dinero en efectivo —como una “caja chica” informal— que habría operado fuera de los registros oficiales, presuntamente para financiar actividades de campaña.
¿Qué motivó los allanamientos?
El 28 de enero de 2026, la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, realizó allanamientos en varios inmuebles de las provincias de Pichincha y Guayas, entre ellos la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González, en busca de indicios como dispositivos tecnológicos, documentos y otros elementos que puedan aportar a la investigación.
¿Quiénes están vinculados?
Según reportes periodísticos —y declaraciones públicas— estarían siendo investigados o vinculados en calidad de indagados:
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Luisa González, excandidata presidencial por Revolución Ciudadana; su vivienda fue allanada.
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Rafael Correa, expresidente del Ecuador y líder del movimiento político Revolución Ciudadana (correísmo).
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Andrés Arauz, excandidato presidencial y compañero de fórmula de González en 2023.
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Patricio Chávez, asambleísta por Pichincha.
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Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías.
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Otros exministros y personas políticamente vinculadas al correísmo también aparecen en el expediente, según medios de comunicación.
Hasta el momento de los allanamientos, no se han anunciado detenciones en este caso.
¿Qué pruebas busca la Fiscalía?
La Fiscalía ha informado que, durante los allanamientos, se incautaron teléfonos móviles, computadoras, memorias USB, pasaportes y documentos financieros, los cuales serán analizados para determinar si:
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hubo ingreso de dinero en efectivo no declarado;
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se financió la campaña con recursos de origen ilícito;
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existió una estructura organizada para ocultar y movilizar esos fondos.
¿Es legal un allanamiento sin orden judicial?
La Constitución y los procedimientos legales en el Ecuador protegen el derecho a la inviolabilidad domiciliaria. En general:
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Para allanar una vivienda se requiere una orden de un juez, basada en suficientes indicios y en una solicitud de la Fiscalía.
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Existen excepciones: en casos de flagrancia o riesgo de destrucción de pruebas, la autoridad puede actuar con autorización fiscal y luego solicitar la validación judicial.
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En declaraciones oficiales, la Fiscalía suele señalar que estos procedimientos se realizan con el soporte jurídico correspondiente para que sean admitidos por un juez.
En este caso, aunque los medios han informado sobre los allanamientos, la Fiscalía no ha difundido públicamente la orden judicial ni detalles sobre su emisión, por lo que no existe confirmación independiente de si la diligencia contó con autorización judicial previa.
Reacciones políticas
El movimiento Revolución Ciudadana y figuras afines han calificado la investigación como “persecución política” o “lawfare”, argumentando que se trata de una maniobra para afectar a opositores políticos.
Por otro lado, autoridades del Estado y la Fiscalía sostienen que su accionar responde a indicios técnicos de lavado de activos que deben ser investigados, como sucedió en Antonio Ante, en las viviendas de un exalcalde de triste recordación, quien actualmente tiene la calidad de prófugo de la justicia.
