Durante años, Ecuador y Colombia convivieron en esa relación incómoda pero funcional que suelen tener los vecinos: cooperación cuando conviene, silencio cuando incomoda y diferencias administradas bajo la alfombra diplomática. Los aranceles no son solo números ni porcentajes técnicos para economistas de escritorio; son mensajes. Y, aunque algunos quieran minimizarlo, apuntan directamente a la redefinición de alianzas en un escenario internacional cada vez más polarizado.
Colombia, bajo su actual orientación política, ha optado por una narrativa más alineada con los bloques progresistas regionales, con discursos de soberanía económica, revisión de tratados y una mirada crítica al comercio “asimétrico”. Nuestro país, por el contrario, viene intentando reposicionarse como una economía abierta, confiable para la inversión y alineada con modelos que privilegian reglas claras y estabilidad jurídica. Cuando estas dos visiones chocan, los aranceles aparecen como la herramienta más rápida —pero, a mi criterio, de las más inadecuadas— para marcar distancia.
Las consecuencias inmediatas serán evidentes. Sectores productivos ecuatorianos enfrentarán incertidumbre, posibles pérdidas de competitividad y ajustes logísticos. El pequeño y mediano exportador, como siempre, es el primero en sentir el golpe. Pero el problema de fondo no es solo económico, sino estratégico, porque cuando un conflicto comercial se prolonga deja de ser coyuntural y se convierte en estructural.
La imposición de aranceles a Colombia puede ser el primer capítulo de una historia más larga: la de un país que debe decidir si juega a la neutralidad permanente o si asume, por fin, un rol claro en el tablero global. El mal llamado “nuevo orden mundial” no es una consigna abstracta; es una realidad marcada por bloques económicos, guerras comerciales, reconfiguración de alianzas y una disputa abierta entre modelos de desarrollo.
En ese contexto, los países pequeños ya no pueden darse el lujo de improvisar. Cada decisión es observada, interpretada y utilizada como señal por otros actores internacionales. Para Ecuador, el riesgo no está solo en perder mercados, sino en enviar mensajes contradictorios. No se puede hablar de apertura al mundo mientras se responde con ambigüedad ante presiones regionales, aunque estas nos beneficien; tampoco se puede defender la soberanía económica si se ejerce de manera errática o poco clara.
Colombia, por su parte, también enfrenta un dilema. Insistir en una política comercial confrontacional con su vecino inmediato puede satisfacer a ciertas bases ideológicas, pero tiene costos reales para su propia economía y para la integración regional. América Latina ya ha demostrado que la fragmentación no conduce al desarrollo, sino al estancamiento colectivo.
Ecuador aún está a tiempo de convertir este episodio en una oportunidad: reafirmar su política exterior, defender sus intereses con firmeza pero sin estridencias y dejar claro que su inserción internacional responde a una estrategia de largo plazo, no a impulsos coyunturales. Pero eso requiere liderazgo, claridad y, sobre todo, la valentía de asumir costos políticos internos y explicarlos de manera diáfana al ciudadano de a pie, que somos la gran mayoría.
Por eso, más allá de los tecnicismos comerciales y los comunicados diplomáticos, la pregunta sigue abierta y merece ser respondida con seriedad y visión de Estado: ¿después de los aranceles con Colombia, qué?
