Chávez produjo un quiebre político a partir de su triunfo electoral en 1998. Su mandato -democrático y constitucional- se volvió una dictadura de masas y latrocinio de la nueva élite política. Tras su muerte, el poder pasó a ser compartido por una nueva mafia. Las tentativas por restaurar la democracia -vía elecciones- nunca prosperaron porque jamás hubo intención de dejar el poder. Maduro fue incontestablemente derrotado en las urnas en 2024.
Los derechos constitucionales de la gente fueron sistémicamente violentados por Chávez y Maduro, pero los problemas sustentados por esta degeneración política de unos pocos no estaban limitados solo a Venezuela. Su revolución era más bien exportada a la región con los recursos provenientes del narcotráfico. Salvo que el mundo aceptara la continuación de un narcotraficante mandato establecido desde Miraflores, la incursión militar -y captura de Maduro- era la mejor opción para lograr la decapitación de la nomenklatura y transición del poder de un cartel-Estado hacia las fuerzas políticas legalmente constituidas a partir de enero 2025.
Pragmatismo diplomático: el derecho internacional -no convencional- tiene todo el peso que el poder político de una fuerza militar le asiste a la juridicidad aplicada. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y no existe mejor ruta hacia la coexistencia pacífica y el bienestar económico que a través de un Estado de derecho. La zurdería revolucionaria, empero, en esto último, no piensa igual. ¿Visitará Zapatero a Maduro? Correa no lo hará.
Lo más importante es lo que pasará a partir de ahora… habrá una transición o no? Y si la hay cuándo y cómo y sobretodo a quién?
El deterioro democrático de Venezuela es innegable y comenzó con un quiebre institucional progresivo desde 1999, profundizado tras la muerte de Chávez. Sin embargo, para sostener un diagnóstico sólido es necesario distinguir con claridad entre hechos verificables, responsabilidades políticas y juicios de valor. Calificaciones como “mafia”, “cartel-Estado” o “derrota incontestable” en 2024 requieren respaldo empírico explícito; de lo contrario, debilitan un argumento que, en lo esencial, es atendible.
Asimismo, las denuncias sobre corrupción, vínculos con el narcotráfico y exportación del modelo autoritario existen y son graves, pero deben formularse con precisión jurídica y no como afirmaciones totales sin matices. El mayor punto débil del planteamiento es la justificación de una intervención militar como “mejor opción”: restaurar el Estado de derecho mediante la fuerza, sin evaluar seriamente sus consecuencias ni agotar mecanismos internacionales, contradice el principio que se dice defender.
La crítica al autoritarismo venezolano gana legitimidad cuando se apoya en evidencia, coherencia normativa y responsabilidad política, no cuando recurre a simplificaciones ideológicas o sentencias morales sobre los pueblos. Sin rigor, incluso las denuncias más fundadas pierden fuerza.