Plantear esta pregunta puede parecer, para algunos, un sacrilegio. Para otros, una advertencia incómoda sobre cómo los países entran en descomposición sin darse cuenta. La razón es simple y brutal: la mentira no solo se ha institucionalizado en la clase política, en los gobernantes o en los llamados narcoestados. La mentira —y el robo— se han normalizado en toda la región latinoamericana, en cada país, en cada pueblo, en cada estrato social.
No es una falla aislada. Es un diseño.
Un sistema que educa para robar
Los países de la región no están estructurados para garantizar justicia, equidad o mérito. Están diseñados para extraer recursos desde el Estado hacia redes de poder político, económico y criminal. Legisladores, presidentes, alcaldes, ministros, prefectos y cúpulas de instituciones estratégicas llegan al poder mediante dinero —legal e ilegal— y desde ahí contaminan al resto de la sociedad.
El mensaje implícito es claro: robar es normal.
Si roba el de arriba, también puede robar el de abajo.
Así, la corrupción deja de ser un delito para convertirse en una práctica cotidiana: desde el pequeño emprendimiento, el trámite, el contrato, hasta la gran empresa familiar o estatal. La mentira se vuelve una herramienta de supervivencia.
El principio de oportunidad: la coartada moral
Uno de los mecanismos más utilizados es el llamado “principio de oportunidad”, entendido no como figura jurídica, sino como lógica social: aprovechar cualquier rendija del sistema para sacar ventaja.
La pobreza estructural, la desigualdad y la ausencia de justicia crean una ética perversa: si no robo yo, otro lo hará. El problema es que el sistema judicial no existe para todos. La ley se aplica selectivamente: al débil, al pobre, al opositor, al “de poncho”; nunca al poderoso.
El saqueo desde el poder
El robo estructural comienza en lo más alto: presupuestos de hospitales, contratación pública, sectores energéticos, seguridad social, minería legal e ilegal. Una curul legislativa puede costar uno o dos millones de dólares, inversión que luego se recupera multiplicada por cien.
La política se sostiene sobre el clientelismo. No gobiernan las instituciones; gobiernan los favores. Contratistas entregan millonadas a cambio de información privilegiada y contratos. El dinero ilegal se lava a través de partidos políticos que simulan fiscalizar mientras encubren.
Un político se vende como cualquier producto comercial. La publicidad engañosa y ciertos medios de comunicación se encargan de blanquear su imagen, ocultar la corrupción y manipular la opinión pública.
Democracias capturadas
En varios países de la región —incluido Ecuador— los sistemas de control electoral son una farsa. No existen límites reales a los aportes de campaña para presidentes, legisladores, jueces, fiscales, contralores o superintendentes. El poder se compra al contado y luego se cobra con intereses.
Creer que estos cargos se obtienen por meritocracia o voluntad popular es una ilusión peligrosa. El Estado se convierte en una máquina de acumulación de capital para burócratas, lobistas y operadores judiciales que compran y venden jueces y fiscales como mercancía.
Instituciones colapsadas
El aparato judicial es una alcantarilla abierta.
Las fuerzas militares respaldan gobiernos que se sostienen al borde o fuera de la legalidad.
La Asamblea se ha vuelto irrelevante: cerrarla no cambiaría nada.
La degradación social es tal que la desconfianza es total. El cambio, ese cambio tantas veces prometido, sigue siendo esquivo. Venezuela es el espejo extremo; Ecuador, una versión en curso. Ambos se acostumbran a la impunidad como forma de vida.
Responsabilidad colectiva
Soy un ciudadano común que investiga política pública y geopolítica. Y puedo afirmar que este país —y buena parte de la región— está hundido hasta los cimientos en corrupción e impunidad. Derechas e izquierdas, en distinta proporción, han sido herramientas del poder de turno para mentir, robar y manipular.
Pero el pueblo no es inocente. Es materia prima del sistema y, a la vez, cómplice silencioso del robo y la mentira.
Mientras la corrupción sea tolerada como normalidad, no habrá reforma, ni revolución, ni salvador posible. Y la meritocracia seguirá siendo un cuento chino en todas las elecciones por venir.
