El año que terminó estuvo (re) marcado por el silencio gubernamental sobre temas de absoluto interés de los ecuatorianos. Al margen de las obligaciones que legal y constitucionalmente existen para transparentar la gestión del gobierno, quien dirige y quienes lo acompañan en el trabajo otorgado por el pueblo en las urnas, también moralmente tienen el compromiso de demostrar que sus actos, todos, llevan el sello de la honradez y que, por lo mismo, ninguno siquiera se halla salpicado y menos manchado o inundado de corrupción.
Que si son los viajes internacionales del presidente de la República, los contratos y compras para generación eléctrica, las negociaciones y adjudicaciones para mejorar la atención en el IESS, las deudas y pagos a los servidores externos del Seguro Social, los procesos para adquisición de medicinas para la red pública de salud, la presencia de operadores políticos con una hoja de vida nada recomendable, los valores a cancelar por expropiaciones para la construcción de grandes vías, los conflictos de intereses de funcionarios de alto rango, entre otros ejemplos, no cabe duda, requieren información oportuna, veraz, permanente, amplia, clarísima. El silencio, las evasivas, las declaraciones contradictorias, el desprecio a la comunicación precisa sobre los hechos citados y otros, permiten no solamente pensar mal para acertar o por lo menos para sospechar que alrededor de ellos existe corrupción, irregularidad, incorrección.
El flamante año no puede ni debe transcurrir de la misma manera. Los ecuatorianos no solamente esperan, exigen con carácter obligatorio que la gestión desarrollada por el máximo poder sea comunicada con exactitud, siempre a tiempo, satisfaciendo el interés ciudadano y siendo proporcionalmente dimensionada respecto de la envergadura de cada tema. Sin perjuicio de la información oficial que se brinde a través de la red informática, obligatorio también es hacerlo a través de los medios convencionales (prensa, radio y televisión).
El derecho a estar correcta y debidamente informado es del pueblo. En democracia ningún gobierno tiene potestad u opción de no informar.
tiene razón Jorge Gallardo Moscoso