Entre la táctica nacional y la trinchera local: El desafío de la seguridad en los territorios. 

Estoy segura que la mayoría de los artículos más leídos y más comentados en estos días seguirán relacionados con la situación de Venezuela y su camino hacia su libertad; sin embargo, no es menos cierto que en lo local corresponde empezar a analizar temas que, sin duda, deben ser considerados dentro de una estrategia pre-electoral por parte de las autoridades subnacionales y potenciales postulantes a dichos cargos.  Por ello, hoy me permito escribir sobre el desafío de la seguridad en los territorios. 

Ecuador se encuentra en una fase decisiva de su planificación estatal. Con la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo 2025 – 2029 “Ecuador no se Detiene”, la seguridad ciudadana se consolida no solo como un objetivo sectorial, sino como el cigüeñal del “Eje Institucional” para garantizar un estado soberano y justo. En provincias como Guayas, Manabí o Los Ríos, donde la exposición a amenazas sociales es calificada como “alta”, la coordinación entre el Gobierno Central y los GAD locales es un imperativo de supervivencia. 

El diagnóstico de la crisis

El Plan de Desarrollo 2025 – 2029 “Ecuador no se Detiene” revela que las operaciones coordinadas de inteligencia y control territorial han logrado una afectación estimada del 70% a las estructuras de delincuencia organizada. No obstante, el desafío persiste en delitos que golpean directamente la paz ciudadana: las extorsiones y secuestros han mostrado picos de incidencia que requieren una respuesta no solo reactiva (fuerza pública), sino preventiva y tecnológica.

El rol de los GAD: Más allá del alumbrado y las cámaras de seguridad

Existe una creencia errónea -alimentada a veces por la conveniencia política- de que la seguridad es competencia exclusiva del Ejecutivo.  Si bien la rectoría y el uso de la fuerza pública corresponden al Estado Central, el COOTAD otorga a los municipios funciones claras que impactan directamente en la prevención.

De hecho, el artículo 54 (n) del COOTAD faculta a los GAD municipales para crear consejos de seguridad ciudadana, con el fin de coordinar acciones con la Policía Nacional y la sociedad civil. Además, los GAD tienen la responsabilidad de asegurar que el espacio público no sea un territorio fértil para el delito a través del control de construcciones y la gestión de riesgos. Un parque sin luz o un barrio sin servicios básicos son, legalmente, una omisión en la competencia de promover el “buen vivir” y la equidad territorial que el COOTAD exige.

El Rol de los GAD en la Estrategia Territorial Nacional (ETN)

Para los alcaldes y prefectos, el mensaje del nuevo Plan es claro:  la seguridad se gestiona desde el ordenamiento del territorio.  La Estrategia Territorial Nacional del PND 2025-2029 demanda una articulación multinivel donde los GAD no sean espectadores. Bajo el COOTAD (Art. 54 n), los municipios deben liderar los Consejos de Seguridad Ciudadana, pero ahora con un enfoque en la “resiliencia comunitaria” y la recuperación del espacio público para mitigar riesgos sociales. 

Tecnología y Transparencia: El Estado Abierto 

Un ajuste fundamental del Plan vigente es el impulso a la Transformación Digital y el Estado Abierto. La meta es incrementar la percepción de calidad de los servicios públicos y fortalecer la ciberseguridad.  Los GAD locales tienen la tarea pendiente de integrar sus sistemas de videovigilancia y bases de datos con las plataformas nacionales interoperables, eliminando las “islas de información” que hoy favorecen la impunidad.

Prevención integral: educación y deporte

La seguridad no se agota en el patrujalle. El PND 2025-2029 establece políticas claras para fomentar la actividad física y el deporte como mecanismos de cohesión social (Política 2.5), buscando reducir comportamientos sedentarios y riesgos sociales en jóvenes. Aquí, los GAD tienen una competencia directa en la rehabilitación de infraestructura deportiva y programas comunitarios que arrebaten la juventud de las redes delictivas.

Entonces, la seguridad no se recuperará solo con decretos de estado de excepción desde Carondelet, ni solo con camionetas municipales patrullando en los territorios. El Plan Nacional “Ecuador No se Detiene” es la hoja de ruta, pero el territorio es donde se libra la batalla por la paz. Las autoridades locales que ignoren los lineamientos de la ETN o que no alineen su presupuesto a estas metas nacionales, no sólo fallarán técnicamente, sino que enfrentarán las consecuencias en la asignación de recursos de inversión pública, los cuales ahora consideran el cumplimiento de metas nacionales como criterio de prioridad.

La “trinchera” ciudadana exige que las autoridades locales dejen de señalar hacia la capital y asuman que su rol en la prevención del delito es un mandato legal y ético. En este año pre-electoral, los ciudadanos debemos fiscalizar no solo las promesas de cemento, sino los planes concretos de seguridad que cada candidato proponga dentro del marco de competencias de su postulación. Al final del día, la seguridad en el territorio depende de una sola bandera: la de la coordinación institucional efectiva.