El rol del ciudadano y las salidas constitucionales ante la crisis institucional cíclica desde Correa, Moreno, Lasso y Noboa
Introducción
El Estado constitucional de derechos y justicia, adoptado por el Ecuador en la Constitución de 2008, se fundamenta en el principio de separación de funciones y en un sistema de pesos y contrapesos destinado a evitar la concentración del poder. Sin embargo, en la práctica, la actuación de los poderes públicos ha evidenciado un progresivo desconocimiento de los límites constitucionales, poniendo en riesgo la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales.
La reiteración de conflictos entre el Ejecutivo, el Legislativo y los órganos de control ha generado una crisis cíclica que debilita la gobernanza, erosiona la confianza ciudadana y compromete la estabilidad política, económica y social del país. Esta visión, sin sesgos políticos, analiza el papel del ciudadano dentro de este contexto y expone las salidas jurídicas viables previstas por el ordenamiento constitucional ecuatoriano.
I. El sistema de pesos y contrapesos en el orden constitucional ecuatoriano
La Constitución del Ecuador, en el papel, estructura el poder público en funciones diferenciadas, con competencias claras y mecanismos de control recíproco:
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El Ministerio Público, a través de la Fiscalía General del Estado, ejerce la acción penal pública y dirige la investigación del delito.
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La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia constitucional.
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La Defensoría del Pueblo protege y promueve los derechos humanos y controla la actuación de la administración pública.
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El Consejo de la Judicatura gobierna y administra la Función Judicial, garantizando su independencia y eficiencia.
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designa autoridades de control y promueve la transparencia y la rendición de cuentas.
Este diseño responde a la lógica del constitucionalismo moderno: ningún poder es absoluto; todos están sujetos a control. Cuando una función del Estado pretende imponer su voluntad por encima del marco constitucional, se configura un abuso de poder incompatible con el Estado de derecho. Ejemplos de ello son una Asamblea que impide la fiscalización, un Ejecutivo que incumple la decisión soberana del 16 de noviembre de 2025, o una administración de justicia que judicializa la política.
II. El abuso de poder y la ruptura del equilibrio institucional
El desconocimiento del principio de equilibrio de poderes por parte del Ejecutivo y del Legislativo se manifiesta en intentos de interferencia en órganos autónomos, desacato a sentencias constitucionales y desnaturalización de los mecanismos de control político.
Estas conductas no solo constituyen infracciones constitucionales, sino que también generan una pérdida progresiva de legitimidad democrática. En un Estado constitucional, la autoridad no emana únicamente del voto popular, sino del ejercicio del poder conforme a la Constitución y a la ley. Cuando ese ejercicio se aparta del orden jurídico, el mandato se vacía de contenido.
La consecuencia directa de esta ruptura institucional es la desconfianza ciudadana y la activación de escenarios de crisis como la revocatoria del mandato, la muerte cruzada o incluso la destitución de autoridades por incumplimiento de decisiones constitucionales.
III. El rol del ciudadano en la defensa del orden constitucional
La Constitución ecuatoriana reconoce al ciudadano como un actor activo del sistema democrático. No se trata de un mero destinatario de políticas públicas, sino de un sujeto de control del poder.
El ciudadano cumple un rol fundamental en tres dimensiones:
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Participación y vigilancia democrática, exigiendo rendición de cuentas y denunciando el abuso de poder.
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Activación de mecanismos constitucionales, como acciones de protección, acciones por incumplimiento, acceso a la información pública y procesos de revocatoria del mandato.
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Defensa del orden constitucional frente al desacato de sentencias, el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo o la desobediencia de mandatos populares expresados en consultas y referéndums.
En contextos de debilitamiento institucional y hastío electoral, la ciudadanía se convierte en el principal contrapeso frente al autoritarismo.
IV. Salidas jurídicas viables frente a la crisis institucional
El ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé mecanismos para enfrentar estas crisis sin romper el marco democrático:
1. Control constitucional
La Corte Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de actos y omisiones de los poderes públicos y sancionar el incumplimiento de sus sentencias, incluso con la destitución de autoridades.
2. Revocatoria del mandato
Este mecanismo permite a la ciudadanía retirar la confianza a autoridades electas que incumplen su plan de gobierno o actúan en contra del interés general, constituyendo una salida democrática y pacífica a la crisis política.
3. Muerte cruzada
Prevista como una medida excepcional, permite resolver bloqueos extremos entre el Ejecutivo y el Legislativo. No obstante, su uso reiterado debilita la estabilidad institucional y económica, como ocurrió durante el gobierno de Lasso, cuyos efectos aún pasan factura.
4. Responsabilidad política y jurídica
El abuso de poder puede derivar en responsabilidades políticas, administrativas y penales, conforme al principio de supremacía constitucional.
Conclusiones
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La crisis institucional ecuatoriana no obedece a la ausencia de normas, sino a la falta de una cultura de respeto a la Constitución. La reiteración de prácticas autoritarias y la instrumentalización de las instituciones de control han convertido el sistema de pesos y contrapesos en una formalidad vacía.
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La defensa de la democracia constitucional exige autoridades que respeten los límites del poder y ciudadanos conscientes de su rol como garantes del orden constitucional. Sin ciudadanía activa ni independencia judicial, la democracia se reduce a un ejercicio meramente electoral, con el riesgo adicional de fraudes.
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La salida a las crisis cíclicas que enfrenta el Ecuador no está en la concentración del poder, sino en el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia.
Se avecina un año 2026 muy complicado para el Ecuador en materia de economía, desempleo, inseguridad ciudadana y social, privatización de sectores estratégicos, escasa inversión pública directa y una deuda externa con riesgo de default. Sobre estos temas he profundizado en mis videos en redes sociales.
