Ciudadanos del Ecuador:
En el país, la palabra EMERGENCIA ha dejado de significar urgencia humanitaria o respuesta técnica excepcional. Hoy, lamentablemente, se ha convertido en sinónimo de opacidad, improvisación y puerta abierta a la corrupción. Cada vez que aparece en un contrato público, especialmente en sectores estratégicos, lo que sigue suele ser el mismo libreto: saltarse los procesos ordinarios, debilitar los controles y diluir responsabilidades.
Los llamados contratos de emergencia, particularmente el contrato especial emergente, han sido objeto de cuestionamientos legales y constitucionales. La Corte Constitucional declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, al permitir la terminación unilateral sin indemnización, por vulnerar principios esenciales como la estabilidad laboral y la protección de derechos.
Aunque esta figura sigue vigente, su uso debe ser estrictamente excepcional, técnico y debidamente justificado. Sin embargo, en la práctica, ha sido todo lo contrario.
Refinería de Esmeraldas III: cuando la emergencia se volvió licencia para el desorden
El caso de la Refinería de Esmeraldas III es un ejemplo emblemático de cómo una supuesta respuesta rápida terminó convertida en un monumento al desorden administrativo, la negligencia técnica y el encubrimiento institucional.
Lo que se presentó como una solución urgente hoy está rodeado de:
- Atrasos injustificados,
- Fallas técnicas graves,
- Riesgos operativos,
- Informes internos y externos alarmantes,
que dejan una sensación amarga y una verdad incómoda: aquí no solo falló un contratista; falló el Estado como garante del interés público.
Un informe institucional —no una opinión política— advierte que mantener el contrato bajo las condiciones actuales compromete la seguridad operativa, la confiabilidad del sistema y la finalidad pública del proyecto. Esta advertencia no es menor. Se trata de infraestructura crítica, de energía, de servicios que impactan directamente en hogares, industrias, hospitales y comercios.
Cuando el problema ya no es el retraso, sino la viabilidad
El informe detalla problemas técnicos severos:
- fallas en unidades,
- piezas dañadas,
- fisuras en sistemas,
- derrames de combustible,
- inconsistencias que impiden una evaluación segura,
- e incluso dudas sobre la trazabilidad y autenticidad de los equipos entregados.
Cuando un proyecto llega a este nivel, el problema ya no es el plazo: es la viabilidad del contrato mismo. Por ello, el informe recomienda:
- iniciar la terminación unilateral por incumplimiento grave,
- cuantificar daños y riesgos,
- suspender intentos de operación,
- ejecutar garantías y aplicar multas por incumplimientos acumulados,
- y activar acciones legales.
Pero terminar un contrato no resuelve la pregunta central:
¿Cómo llegamos a esta alcahuetería institucional?
Una cadena de responsabilidades que nadie quiere nombrar
No estamos ante un error aislado ni una sola persona responsable. Existe una cadena de decisiones y omisiones:
- fiscalizadores,
- supervisores,
- informes complacientes,
- autorizaciones administrativas,
- y un patrón repetido de “dejar hacer y dejar pasar”.
Peor aún, cuando el escándalo toca a los niveles altos del poder, la respuesta suele ser bajar el volumen, dilatar decisiones o mirar hacia otro lado.
La emergencia como modelo de saqueo
Si la emergencia vuelve a ser la excusa para repetir el mismo desorden, el país seguirá atrapado en un ciclo de corrupción e impunidad, donde los estados de excepción y las contrataciones emergentes se convierten en oportunidades de desfalco al fisco, ante la pasividad —o complicidad— de los organismos de control.
Esto no ocurre solo en Esmeraldas III. Se replica en casos como Progen, IESS, Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, Triple A, entre otros. El incumplimiento contractual se ha convertido en una de las principales fuentes de litigio, frustración social y pérdida de recursos públicos en el Ecuador.
No vinieron a servir, vinieron a servirse
A lo largo de 2024 y 2025, el país ha sido testigo de escándalos que revelan la profundidad de las redes ilícitas que atraviesan instituciones clave. Desde el sistema judicial hasta las más altas esferas políticas, la sensación ciudadana es clara: muchos no llegaron a gobernar para servir al pueblo, sino para abusar del poder.
Mientras tanto, contratistas, intermediarios y lobistas hacen su agosto todo el año, dejando obras inconclusas, equipos inservibles y un Estado debilitado, que termina pagando el triple: en dinero, en tiempo y en seguridad nacional.
Un llamado final
La Refinería de Esmeraldas III no puede convertirse en otro expediente enterrado en la impunidad. Este no es un reclamo político, es una exigencia ciudadana basada en informes técnicos, hechos verificables y el interés público.
La emergencia no puede seguir siendo coartada para el abuso, ni la excepción la regla.
El país necesita verdad, responsabilidades claras y sanciones reales.
De lo contrario, seguiremos viviendo en un Ecuador donde la palabra emergencia no anuncia soluciones, sino el inicio del saqueo. No permitan que el ciudadano se hastie o se amenace con la muerte cruzada, una dictadura, la revocatoria del mandato o la destitución del presidente por incumplimiento de sentencias y del mandato de la mayoría del pueblo en las urnas del 16 d noviembre del 2025
