Los partidos y movimientos políticos

La mayoría de los partidos o movimientos políticos en el Ecuador no son un ejemplo de respeto democrático. Todos sabemos que, en su interior, las decisiones son tomadas por los caudillos o por los “dueños de los partidos” y sumisamente aceptadas por sus incondicionales, que forman parte de su entorno.

Estos cortesanos de la política conforman un círculo impenetrable de áulicos que son favorecidos permanentemente por el “mandamás”: ocupan puestos importantes o rotan como candidatos a las diferentes dignidades, mientras que quienes discrepan son ignorados o simplemente marginados.

La voluntad del “dueño” del partido o movimiento político se cumple o se cumple. Esta es una de las razones por las cuales no surgen nuevos líderes que se constituyan en una alternativa dentro de la arena política. En los últimos años, quienes han llegado al poder han sido outsiders.

Desgraciadamente, con el Código de la Democracia vigente no hay esperanza de que surjan partidos o movimientos políticos sólidos ni auténticos líderes que interpreten la realidad nacional. Más bien, muchos de estos movimientos deberían acudir al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) para registrar sus apellidos como “patentes y marcas”, en lugar de hacerlo ante el Consejo Nacional Electoral. Y es que, sin pudor ni vergüenza, como en las monarquías, estos pseudo líderes, cuando se cansan de ejercer su autoridad omnímoda o pierden credibilidad, se agazapan esperando nuevas oportunidades. Mientras tanto, traspasan hábilmente la dirección del partido o movimiento a hermanos, hijos o a un incondicional, asegurándose de que no los vaya a “traicionar”.

Los partidos o movimientos políticos deberían tener una ideología auténtica, afiliados reales y ser un ejemplo práctico de democracia interna. Deberían formar líderes que los representen y fortalezcan el sistema democrático, porque una democracia sin partidos políticos es una democracia anoréxica.

Desde 1830, cuando nació la República, el voto ha sido obligatorio. Sin embargo, no existían mecanismos para hacerlo efectivo. Hasta 1947, los ciudadanos debían inscribirse en los municipios para poder votar y no había ningún control que verificara el cumplimiento de esta obligación. Los fraudes estaban a la orden del día. Con la creación de la cédula de identidad, se empezó a llevar un registro de quienes podían ejercer este derecho.

Poco a poco, en las diferentes constituciones se modificaron los mecanismos de sufragio y se amplió el derecho a otros sectores que tradicionalmente habían estado excluidos, como los analfabetos.

En 1861 se suprimió el requisito de que los votantes debían tener propiedad. En 1884 se eliminó la obligación de que los candidatos tuvieran un trabajo o renta fija; hasta ese entonces, los postulantes debían contar con una renta de 3.000 pesos, lo que representaba una fortuna. A finales del siglo XIX, el salario de un jornalero era de medio real; ocho reales equivalían a un peso. Es decir, con 3.000 pesos se podía cubrir el sueldo de 48.000 empleados.

Con la Revolución Liberal de 1895, el voto como institución política adquirió una importancia particular, pues se introdujeron cambios históricos, aunque también se abrió paso a lo que el historiador y exdiputado Enrique Ayala Mora denominó el “oscurantismo liberal”.

Entre los avances más destacados de esa época estuvo la reducción de la edad mínima para ejercer el voto, de 21 a 18 años. En 1928, también bajo control liberal, la Constitución de ese año reconoció por primera vez el voto femenino, luego de que Matilde Hidalgo de Prócel, la primera médica del país, reclamara su derecho en 1924. Esa carta política, además, eliminó el voto militar, vigente desde 1830.

Sin embargo, también se produjeron retrocesos democráticos. Al Partido Liberal se lo cuestionó reiteradamente por su manejo irregular de los procesos electorales. Según Ayala Mora, esta organización fue experta en controlar elecciones y en realizar fraudes sistemáticos. Este comportamiento eclosionó en 1944, al final del mandato de Carlos Arroyo del Río. Uno de los hechos que precipitó su renuncia y dio paso a La Gloriosa fue la denuncia de un fraude liberal en contra de José María Velasco Ibarra.

A partir de ese momento nació en el Ecuador un nuevo sistema de control electoral. Se creó el Tribunal Superior Electoral, que luego pasó a ser Supremo. Treinta y cuatro años más tarde, se reconoció el derecho de los ciudadanos analfabetos a sufragar, aunque de forma voluntaria. Finalmente, la Constitución de 2008 aprobó el voto facultativo para adolescentes entre 16 y 18 años, militares, policías y extranjeros con cinco años de residencia.

Los partidos políticos y los políticos deben esforzarse por dignificar la palabra política y, sobre todo, por lograr que el ser político deje de ser una vergüenza.