El país se enfrenta nuevamente a la disyuntiva de fondo: ¿puede cambiar sin refundarse?
La mayoría legislativa que hoy respalda al Gobierno podría impulsar reformas estructurales dentro del marco constitucional vigente, siempre que estas no alteren los principios esenciales de la Carta Magna. Sin embargo, los denominados candados constitucionales —que exigen consultas populares o límites de competencia al Ejecutivo— dificultan la transformación de fondo del modelo económico, judicial y político.
Primera verdad: sí, se puede reformar el país sin una Asamblea Constituyente, pero no se puede reinventarlo. La actual Constitución permite ajustes, no revoluciones.
Segunda verdad: los candados constitucionales no son un capricho jurídico; son mecanismos de equilibrio del poder. Destrabar esos candados sin Constituyente es posible solo mediante amplios consensos sociales y políticos, algo poco habitual en nuestra cultura política.
Tercera verdad: el combate al crimen organizado y al narcotráfico requiere más que cambios legales. Requiere institucionalidad sólida, inteligencia estatal, justicia independiente y un sistema carcelario funcional. Nada de eso depende únicamente de una nueva Constitución, sino de voluntad y coherencia política.
Por último, la pregunta más sensible:
¿Se busca con la Asamblea Constituyente una reforma del Estado o una reforma del poder?
Esa es la línea que separa la legitimidad del abuso. Si el propósito es modernizar el Estado, fortalecer la justicia y garantizar derechos, tendrá sentido. Pero si lo que se pretende es concentrar poder, debilitar controles o reabrir la puerta a la reelección indefinida, el país volverá al círculo vicioso del caudillismo.
En síntesis, no hace falta una nueva Constitución para gobernar bien; y muy bien se pueden procesar reformas parciales a las tres primeras preguntas de la consulta. Lo más importante es cumplir la Constitución que ya tenemos.
