Tuve la fortuna mezclada con amarga experiencia de constituir más de 850 compañías. El primer profesional de tenerlas listas a clientes que no tenían que esperar de 4 a 6 meses que se termine la tortuosa y burocrática tramitología que implicaba: un mínimo de cinco accionistas, portadores de cedula de identidad, certificado de votación, certificados de no adeudar al fisco, al municipio, ni al IESS, cedula orientalista (Contribución a la construcción de carreteras y el Oriente Ecuatoriano) y carnet de haber hecho la premilitar o certificado de remiso sancionado.
Solo faltaba la partida de bautizo, tipo de sangre, alcoholemia y para las mujeres prueba de embarazo. Adicionalmente se requería un certificado bancario de haberse depositado la cuenta de integración del capital, razón por la cual yo me nombraba el primer representante legal para poder sacar mi dinero, así como para obtener otros certificados.
Hace unos días recibí la notificación por parte del SRI de haberse reactivado un proceso coactivo del año 2004 -esto es de hace 21 años- por impuestos no pagados del año 1991, el empleado recaudador ordenó la retención de fondos en mi banco.
Si reactivar un juicio iniciado hace 21 años supone una presbicia cerebral mezclada con ignorancia supina, negligencia extrema, irresponsabilidad y mala fe, peor aún fue enterarme que la compañía coactivada, tiene 20 años de cancelada (la cancelación equivale al certificado de defunción de una persona natural) que me han demandado como obligado solidario, sin haber jamás sido accionista, ni representante legal, solo porque firme como abogado la minuta. Con un burdo, ilegitimo e ilegal procedimiento coactivo, fronterizo en el chantaje, se pretende cobrar lo que no debí jamás. Estas atrocidades, que en el Ecuador lamentablemente abundan, merecen formar parte del bestiario jurídico o ser publicado en “aunque usted no lo crea”
Defenderse contra una estupidez es una tarea titánica. Mis cuentas estarán congeladas por años, hasta que un tribunal de lo Contencioso Administrativo acepte mis excepciones a la coactiva y lo confirme el superior.
Es seguro que obtendré una sentencia favorable, ¿pero quién me repara el daño?
El juicio de excepciones, ese supuesto mecanismo de defensa, es un laberinto burocrático diseñado para desgastar al ciudadano y resulta lamentable que los jueces jurisdiccionales no condenen en costas y honorarios estos abusos, porque entonces se verían menos arbitrariedades.
La jurisdicción coactiva es un atropello jurídico, una vacuna, un poder desmedido contra ciudadanos indefensos.
¿Reformas? Urgentes. Se necesita control judicial previo, transparencia en los procesos y límites claros a la discrecionalidad de las instituciones públicas.
Fortalecimiento del juicio de excepciones: Simplificar y agilizar este proceso para que sea una verdadera garantía de defensa.
Mayor control judicial: Establecer un sistema de revisión previa por jueces especializados antes de ejecutar medidas cautelares para que los funcionarios que aplican la coactiva actúen bajo parámetros claros y respetuosos de los derechos ciudadanos.
Mientras tanto, la coactiva seguirá siendo el látigo que azota a los indefensos, el recordatorio de que en Ecuador no hay seguridad jurídica.
La justicia ecuatoriana ha entrado en fase de coma……no la consigues sino le das al juez para que coma.
Ernesto, yo te advertí el riesgo de hacer compañías para vender, no fue un honor. Las compraban entre gente decente, los contrabandistas, las usaban para traer un matute, y las dejaban abandonadas. Como registradora mercantil tuve que inscribir miles de esas disoluciones y te tocó la lotería, la compró un narco y te involucraron. Todos sabíamos que eras inocente, yo no firmé por tí, sabiendo tu inocencia, porque te lo advertí. Un abrazo cariñoso