La discusión sobre los viajes presidenciales tiene una larga historia en el Ecuador. Durante muchos años, los mandatarios salían poco del país a reuniones puntuales. La representación internacional quedaba en manos de los cancilleres y embajadores, como correspondía a la estructura diplomática del Estado. Fue con Rodrigo Borja cuando esta tradición cambió, dando inicio a una etapa de viajes frecuentes que, en su momento, se consideraron excesivos y marcaron un antes y un después en la política exterior ecuatoriana.
En el gobierno de Rafael Correa esta tendencia se profundizó. Sus numerosas salidas al exterior, comitivas amplias y costos elevados generaron un debate nacional sobre la transparencia y utilidad de esos desplazamientos. Fue un periodo que dejó claro que la movilidad presidencial, cuando no va acompañada de resultados concretos, termina generando desconfianza y cuestionamientos legítimos.
Hoy, con la administración de Daniel Noboa, el tema vuelve a ser relevante. El Presidente ha impulsado una diplomacia presidencial intensa, basada en su presencia directa en múltiples escenarios internacionales. Esa estrategia, en su inicio, buscó posicionar al Ecuador en momentos en los que la imagen del país requería reconstrucción y nuevos vínculos externos. Sin embargo, el volumen de viajes y los numerosos días fuera del territorio han generado un debate necesario: la diplomacia presidencial es válida, pero tiene límites, especialmente cuando el país atraviesa una situación compleja debido al ataque del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Por lo expresado en líneas anteriores, es el momento de delegar. La Canciller, los ministros y los embajadores pueden -y deben- asumir la representación del país en la mayoría de los foros internacionales. Para eso existe el servicio exterior y para eso el Estado mantiene misiones diplomáticas en todo el mundo. El Presidente debe reservar su presencia para encuentros estratégicos de alto nivel o situaciones excepcionales donde su intervención sea realmente indispensable.
Además, es importante recordar un principio básico de la gestión pública: los viajes se miden por resultados, no por cantidad. No basta con asistir, saludar o fotografiarse. Un viaje oficial debe justificarse por acuerdos concretos, beneficios reales, cooperación efectiva, inversiones verificables o avances medibles en política exterior. Y esos resultados deben ser comunicados con transparencia a la ciudadanía, junto con los costos, la agenda y los integrantes de la comitiva.
El país no cuestiona la importancia de la política exterior. Lo que exige es prudencia, orden y claridad. La movilidad presidencial debe ser compatible con las necesidades internas del Ecuador y con los recursos limitados que posee el Estado. La presencia del Presidente es indispensable, pero hoy lo es dentro del país, donde los desafíos requieren conducción constante.
La política exterior puede y debe continuar, pero a través de quienes están institucionalmente preparados para representarnos. La delegación no disminuye al Presidente; lo fortalece, porque le permite concentrarse en lo que más importa: gobernar un país que necesita liderazgo, estabilidad y presencia efectiva.
