Sonsonete (sonido monótono y repetitivo). Se ha venido repitiendo permanentemente, de forma interesada, que Colombia, pese a tener siete bases militares norteamericanas en su territorio, ha visto aumentar exponencialmente la producción de droga. Sobre este tema vale aclarar: el 30 de octubre de 2009 se firmó el acuerdo militar entre Colombia y EE. UU. Los acuerdos fueron suscritos por el presidente colombiano Álvaro Uribe y el norteamericano Barack Obama, con el propósito de combatir el narcotráfico y el terrorismo en Colombia. A EE. UU. se le permitiría mayor acceso a siete bases militares, incluyendo la Base Aeroespacial “Capitán Germán Olano”, más conocida como Base Militar de Palanquero, considerada de importancia por su posición estratégica, tanto para Colombia como para el continente.
Las siete bases colombianas son las siguientes: la de Malambo, en el Atlántico; la Base Militar de Palanquero, en la región del Magdalena Medio; la Base Militar de Apiay, en el Meta; las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga, en el Pacífico; y los centros de entrenamiento del Fuerte Militar de Tolemaida y el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá.
El 22 de julio de 2010, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el acuerdo militar firmado entre el Gobierno de Colombia y EE. UU., debido a que no fue aprobado por el Congreso.
Sebastián Bitar, en su libro La presencia militar de Estados Unidos en América Latina: Bases y cuasibases, señala: “No existe ningún tratado que establezca bases militares permanentes y formales de los Estados Unidos. Sí hay acuerdos tácitos, no formales, lo que yo llamo cuasibases, en donde se le permite a los Estados Unidos tener algunas operaciones. La mayoría de ellas de apoyo a actividades de seguridad en Colombia, pero no hay tropas de los Estados Unidos estacionadas en Colombia”.
Los sembríos de hoja de coca y la producción de cocaína han crecido vertiginosamente. Al concluir el gobierno de Álvaro Uribe, en 2010, los sembríos eran de 61.812 ha y la producción alcanzaba las 410 t de cocaína. Después de los gobiernos de Santos y Duque, en 2022 —al inicio de la presidencia de Gustavo Petro— los sembríos eran de 230.000 ha y 1.740 t de cocaína. En los tres años de gobierno de Petro se calcula que existen alrededor de 300.000 ha y una producción de 2.700 t; el aumento es del 53 %.
Para nuestro país es de gran preocupación lo señalado en un documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): “En los departamentos del Cauca, en la costa del Pacífico; Nariño; Putumayo; y Amazonas, cercanos a Ecuador, se concentra el 35 % de todos los cultivos, que además coinciden con los territorios de mayor presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo, estructuras que se alimentan de las rentas del narcotráfico”.
Igualmente, Human Rights Watch (HRW) publicó: “Para mediados de 2024, el Clan del Golfo aumentó su expansión en un 55 % en comparación con 2022; el ELN, en un 23 %; y la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central —las dos facciones de las FARC—, en un 30 %, respectivamente”.
Urgentemente se requiere ayuda internacional. (O)
