Desde hace años he sostenido que ciertos temas del ordenamiento jurídico ecuatoriano requieren una revisión seria, desapasionada y técnica. Uno de ellos es el voto de los extranjeros, reconocido por la Constitución de 2008, cuyo artículo 62 permite que las personas con residencia legal por cinco años puedan sufragar de manera facultativa en las elecciones del país.
Es un principio noble: quienes viven aquí, contribuyen y forman parte de la vida cotidiana deberían tener una voz. Sin embargo, la realidad migratoria actual plantea interrogantes que el país no puede seguir ignorando. La movilidad humana ha aumentado de manera exponencial, y con ello también los desafíos de control, verificación documental y vulnerabilidad a la manipulación política, especialmente en procesos locales.
Por otro lado, la normativa vigente se sostiene en tres criterios: voto facultativo, residencia legal mínima y registro voluntario en el CNE. Pero la práctica muestra que el sistema no siempre garantiza que quienes se inscriben cumplen realmente con las condiciones que la Constitución exige.
Esto no es un cuestionamiento al extranjero que vive de manera transparente y aporta al país; es un llamado a fortalecer el sistema para evitar distorsiones electorales.
Además, el Ecuador avanza hacia una Asamblea Constituyente, este tema debe ser analizado con la seriedad que amerita. Algunas líneas de discusión podrían ser:
Si el voto extranjero debe mantenerse para todas las elecciones, o si debería limitarse a procesos locales, donde la participación del residente tiene una relación directa con los servicios que recibe.
También es importante que una nueva Constitución exija: residencia permanente y comprobada, y un tiempo mayor de arraigo, como mecanismos de verificación más estrictos entre el CNE y la autoridad migratoria.
La confiabilidad del padrón es esencial. Una reforma constitucional podría ordenar auditorías permanentes, cruce de bases de datos y depuración automática para evitar inscripciones irregulares o manipuladas.
No se trata de cerrar el país ni de negar derechos. Se trata de reconocer que el Ecuador atraviesa un momento histórico que exige fortalecer sus instituciones, modernizar sus reglas y blindar su democracia.
Por los motivos expuestos, el voto de los extranjeros, tal como está regulado hoy, merece una discusión profunda, sin prejuicios y con sentido de país.
Mi pregunta siempre ha sido, en qué país podemos votar los ecuatorianos? Ni siquiera en Cuba o en Venezuela. Es de los muchas derogatorios que se imponen y ojalá algún día logren hacerse. A la Constitución de 2008 no puede hacerse parches, hay que borrarla y redactar una nueva, pero con gente preparada, no con personas de la farándula. Antes no cualquiera era legislador sino lo más granado del foro ecuatoriano. Trabajaban 3 meses en el Congreso, no podían tener otra actividad y durante ese período únicamente tenían inmunidad parlamentaria. No vivían del Estado, por el contrario, aportaban al Estado con sus conocimientos y honestidad. No todo tiempo pasado fue mejor, pero los tiempos del Congreso que yo recuerdo, porque mi padre fue legislador, si.