Pese a los momentos difíciles, sobre todo en lo electoral, la participación del Partido Social Cristiano (PSC) en la política ecuatoriana genera expectativa permanente. Se trata de una organización partidista con una relevante y muy positiva historia forjada en el ejercicio mismo de la administración pública -en cada ocasión otorgada por la confianza popular en las urnas-, ya sea desde la presidencia de la República o en prefecturas, alcaldías y jefaturas parroquiales, así como desde la legislatura. Por ello, precisamente, un gran sector de la población y los medios de comunicación social están pendientes de sus actuaciones. También los activistas que se disfrazan de periodistas. Y entonces, a las puertas de la consulta popular del próximo domingo, es bueno saber que el PSC deja clara su posición sobre la misma.
Que se pregunte directamente al pueblo y sus respuestas sean concretas, inapelables y de cumplimiento obligatorio, sin pasar por presidentes o asambleas, ha sido la postura de siempre del PSC, recuerda su máximo líder, Jaime Nebot Saadi. Sin embargo, si el camino escogido es la consulta para instalar una asamblea constituyente lo que necesitan conocer los ecuatorianos es que lo que allí se apruebe debe servir para “refundar al Ecuador en lo económico, social y político y no para refundirlo y llevarlo a la ruina”, enfatiza Nebot al tiempo de destacar que ese es el desafío: hay que luchar por lo primero e impedir lo segundo.
Si se aprueba que bases militares extranjeras apoyen al país en materia de seguridad, no hay rechazo ni cuestionamiento, pues los socialcristianos han sido partidarios de que así sea, salvo eso sí, dejando absolutamente establecido que la cooperación extranjera, de donde llegara, esté sometida a la constitución y leyes ecuatorianas, “porque queremos colaboradores y no conquistadores”, ha dicho el ex alcalde de Guayaquil.
Las necesidades y urgencias del país (seguridad pública, salud, educación, etcétera) son tantas que no cabe discutir siquiera alrededor de eliminar la entrega de recursos económicos a los partidos políticos. Cada organización debe financiarse por sí misma, lícitamente, con el apoyo de sus afiliados y simpatizantes. En ningún caso el Estado debe costear la actividad política electoral, como tampoco, por ejemplo, ser tan estricto en los pagos de la deuda externa porque “los acreedores no se van a morir de hambre por un diferimiento”. En cualquier caso, el PSC está de acuerdo con la eliminación del fondo de participación permanente, pero exige que el Estado use los dineros en beneficio y solución de los más acuciantes requerimientos de los ecuatorianos.
Y, finalmente, aun con la certeza de que la reducción del número de asambleístas “no resuelve los problemas”, como se pretende hacer creer, el PSC se allana a que así sea, porque “es un sentimiento colectivo, más por la frustración y la emoción que por la razón”. No obstante, precisa que el tema pasa “por la calidad de los legisladores” y ese debe ser el principal objetivo. En consecuencia, es responsabilidad de los partidos políticos presentar candidatos que reúnan las cualidades para ocupar las curules, y también de los electores para votar por los mejores. Ya veremos qué sucede.
