Hay frases que describen con precisión la realidad política de este país, y una de ellas es esa vieja expresión popular: “¿Quién paga por los platos rotos?”, porque una vez más, el Ecuador vuelve a despertar entre los escombros de un conflicto que, bajo el disfraz de lucha social, terminó siendo el secuestro de una provincia entera, y no lo digo metafóricamente: 31 días de parálisis total en Imbabura, esa provincia trabajadora, honesta y productiva, fueron suficientes para que muchos entendieran que los extremismos siempre terminan devorando al pueblo.
Lo que vivimos no fue una simple manifestación, fue una toma, un cierre, un ahogo económico que convirtió la protesta en castigo colectivo, nuestras carreteras se bloquearon, los mercados se vaciaron, las pérdidas se contaron en millones y el miedo volvió a instalarse en los hogares que solo querían trabajar.
Y mientras eso ocurría, los dirigentes de la CONAIE, siempre prestos para aparecer ante las cámaras, jugaban su partida política, convocaban, exigían, se declaraban víctimas y voceros del pueblo, pero ninguno se quedó a compartir el hambre, el encierro ni las pérdidas de quienes quedaron atrapados por su “lucha”.
Los líderes indígenas calculaban, el pueblo tuvo que someterse por presiones intestinas y el resultado fue un paro que no cambió nada, pero que dejó heridas profundas en una provincia que no merecía ser rehén de nadie, peor aún, de una baja ralea de pseudos dirigentes, como el señor Vargas e Iza, que juraron por la “pacha mama” defender sus intereses colectivos.
La Fiscalía lo confirma: más de 140 procesos penales abiertos, la mayoría por paralización de servicios públicos y aun así, pocos hablan de reparación, nadie asume responsabilidades, todo se diluye en ese eterno juego de culpas cruzadas donde el Estado “reprimió” y los manifestantes “resistieron”, pero mientras ellos discuten semántica, los ciudadanos de a pie siguen pagando las cuentas del caos. Este paro no golpeó a los grandes capitales, ni a los grandes empresarios, ni a los políticos de oficina; golpeó, como generalmente suele suceder, al pequeño comerciante, al agricultor, al transportista, al empleado que vive al día.
La provincia de Imbabura, tierra ecuatoriana del trabajo y del civismo, terminó convertida en símbolo del desorden, por obra y gracia de una dirigencia que confunde rebeldía con irresponsabilidad.
Lo que el Ecuador necesita ahora no son más discursos inflamados ni paros rituales cada seis meses; necesita que los dirigentes den la cara, que expliquen qué lograron con 31 días de encierro, quién se benefició y quién perdió. Necesita que el Estado asuma su rol de garantizador del orden público, sin claudicar ante chantajes políticos disfrazados de demandas sociales.
Porque si no hay consecuencias, el mensaje será claro: quien grita más, ese es el que gana la batalla, y así no se construye una nación, simplemente se destruye. Al final del día, cuando el polvo se asienta y los discursos electoreros se apagan, lo que queda es la pregunta que nadie quiere responder, pero que el pueblo se repite en cada bloqueo, en cada paralización, en cada cierre de sus negocios: ¿Quién pagará por los platos rotos?
