Pongamos en contexto el tema. El Ecuador vivió una etapa muy alta de inversión en obra pública entre 2010 y 2014, gracias a los ingentes ingresos petroleros y al enorme endeudamiento externo. Al 2025 no hay recursos en la caja fiscal (chira) y ya se rumora —ojalá solo sean especulaciones de la oposición política al Gobierno de Noboa— que existe la posibilidad de caer en incumplimientos de pago de la deuda con el FMI y otros organismos de crédito internacional.
En este contexto surge la pregunta: ¿Qué clase de ajustes económicos debe hacer el Ecuador para no caer en un default de deuda y volver a contar con recursos frescos para obra pública, que es una deuda social impaga de este gobierno?
A manera de informe técnico, mis investigaciones sobre los ajustes económicos son las siguientes:
1. Contexto económico (2010–2015)
A partir de 2015, la caída del precio internacional del petróleo generó una fuerte reducción en los ingresos fiscales del país, aumentando el déficit fiscal y el endeudamiento externo.
2. Problemática actual
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Caída de ingresos petroleros: Ecuador depende en gran medida de las exportaciones de crudo, que representan una parte importante del presupuesto nacional.
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Alto endeudamiento público: Se recurrió al endeudamiento externo e interno para financiar el gasto público ante la disminución de ingresos.
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Presión del FMI y otros organismos internacionales: Exigen sostenibilidad fiscal y cumplimiento de metas macroeconómicas.
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Riesgo de default: Si el país no logra ajustar sus finanzas, podría incumplir con sus obligaciones de deuda.
3. Ajustes recomendados para evitar un default de deuda y reactivar la obra pública
3.1. Ajuste fiscal responsable
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Reducción del gasto corriente: Limitar el gasto en salarios del sector público, viáticos, compras y viajes innecesarios.
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Optimización de subsidios: Rediseñar los subsidios energéticos y de combustibles para que estén focalizados en los sectores más vulnerables.
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Mejora en la calidad del gasto: Priorizar proyectos de inversión con alto impacto económico y social, especialmente proyectos fotovoltaicos, tanto de consumidores residenciales como empresariales, que ayuden a reducir el consumo de la red pública eléctrica y destierren el fantasma de los apagones.
3.2. Reforma tributaria progresiva
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Ampliar la base tributaria: Combatir la evasión y elusión fiscal mediante mayor control y digitalización del SRI.
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Revisar incentivos fiscales: Eliminar exoneraciones innecesarias a grandes empresas que no generan suficiente valor agregado.
3.3. Fortalecimiento de la transparencia y la gobernanza
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Auditoría del gasto público y de la deuda: Mejorar la confianza de los acreedores internacionales mediante informes técnicos claros.
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Lucha contra la corrupción en los GAD: Garantizar que los recursos públicos sean usados eficientemente.
3.4. Diversificación de la economía
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Inversión en sectores no petroleros: Fomentar exportaciones no tradicionales (agroindustria, turismo, tecnología).
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Apoyo al emprendimiento: Facilitar el acceso a crédito y reducir la tramitología para pequeñas y medianas empresas (PYMES).
3.5. Renegociación de la deuda externa
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Reperfilamiento de la deuda: Negociar con acreedores plazos más largos, períodos de gracia y tasas de interés más bajas.
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Acuerdos con el FMI basados en metas realistas: Cumplimiento progresivo de metas fiscales y sociales.
3.6. Alianzas público-privadas (APP)
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Fomento de la inversión privada en infraestructura: Promover proyectos de obra pública a través de concesiones que no impliquen endeudamiento directo del Estado.
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Garantías legales y regulatorias: Atraer inversión extranjera mediante seguridad jurídica y estabilidad normativa.
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Rehabilitación integral del ferrocarril: Con financiamiento extranjero, generaría miles de puestos de trabajo y expansión del turismo.
Conclusiones
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Esperar el desenlace de las leyes de carácter económico urgente que están bajo el filtro de la Corte Constitucional.
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Retirar el proyecto de ley del supuesto reforzamiento crediticio del IESS y del Biess, que necesita socialización.
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Promover reformas que contengan una estrategia integral de ajuste económico que combine responsabilidad fiscal, fortalecimiento institucional y diversificación productiva, aspectos que no se evidencian en la propuesta de la consulta popular.
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Realizar una auditoría integral a los organismos seccionales, en especial de Imbabura, Guayas, Pichincha, Cuenca y Machala.
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Sincerar la política de inversión extranjera directa.
De esta forma, no solo se podrá evitar un default de deuda con el FMI y otros organismos de crédito internacionales, sino también generar nuevas fuentes de financiamiento para reactivar la inversión pública de manera sostenible, que den solución efectiva a los problemas de la gente —no de los políticos, de la bancocracia o de las empresas cercanas al entorno del gobierno de Noboa—. Otros temas vinculantes están publicados en la web Desde mi Trinchera de Guayaquil, así como en audios y videos en redes sociales.
