La Constitución establece que nadie será considerado ‘ilegal’ por su condición migratoria, reflejando un enfoque humanitario moderno.
Sin embargo, esta redacción y decisiones posteriores, como la eliminación de visas para los extranjeros, facilitaron la entrada de personas sin controles suficientes.
Esto ha contribuido, en algunos casos, a un aumento de delitos vinculados a la migración irregular y a graves problemas de seguridad pública.
Con una nueva Asamblea Constituyente, podríamos mantener la visión humanitaria, pero acompañada de reglas claras sobre ingreso, residencia y regularización, evitando efectos no deseados en la seguridad y el orden público.
Por otro lado, la Constitución actual menciona que los extranjeros con cinco años de residencia pueden votar, lo que genera debates sobre soberanía y reciprocidad internacional.
La nacionalización sigue siendo el mecanismo clásico para otorgar derechos políticos plenos.
En una nueva Asamblea, se podrían definir criterios claros para la participación política de residentes extranjeros, equilibrando inclusión con legitimidad democrática.
Sin reglas precisas, un residente extranjero podría influir en las elecciones, por lo que la regulación debe ser cuidadosa.
La Constitución no diferencia adecuadamente entre asilo diplomático y refugio territorial, ni abordaba explícitamente a ecuatorianos perseguidos por motivos políticos.
Una reforma podría clarificar estas disposiciones, asegurando protección efectiva para todos, nacionales y extranjeros, y armonizando la norma con estándares internacionales.
De lo anterior se deduce que, la diplomacia ecuatoriana debe ser entendida como una política de Estado, no de gobierno. La Constitución debe garantizar la continuidad de los lineamientos fundamentales de la política exterior, para que el Ecuador mantenga una voz firme, respetada y coherente ante la Comunidad Internacional, más allá de los ciclos políticos internos.
También, es necesario definir con precisión la jerarquía de los tratados, otorgando rango constitucional a los instrumentos de derechos humanos y supralegal a los demás. Esta claridad fortalecerá la seguridad jurídica y la confianza de los actores internacionales.
Además, toda denuncia o retiro de tratados internacionales debe contar con aprobación legislativa, como muestra de respeto a la institucionalidad democrática y a los compromisos asumidos por el Estado. La política exterior no puede depender de decisiones unilaterales, sino de consensos nacionales.
El país debe mantener su compromiso con la solución pacífica de las controversias y con los mecanismos de arbitraje internacional previstos en los tratados ratificados, sin menoscabo de su soberanía jurídica.
Por todo lo expuesto, estas reformas a la Constitución enfrentaría a las nuevas realidades. El Ecuador debe abrirse al mundo con dignidad, proteger sus fronteras con responsabilidad y ejercer su diplomacia con visión de Estado.
