Resumen ejecutivo
En el marco del paro sectorial en Imbabura —iniciado por demandas sociales legítimas—, la situación se ha agravado por la intervención de grupos armados y redes del crimen organizado que han perpetrado atentados contra infraestructura y bienes, e intentado instrumentalizar la protesta con fines violentos. Esto transforma un conflicto social en un problema de seguridad nacional y obliga a responder con una estrategia dual: contención y justicia penal frente a la violencia, simultáneamente con diálogo político y medidas sociales transparentes que atiendan las causas del paro.
Diagnóstico (problemas clave)
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Instrumentalización de la protesta: actores violentos aprovechan la cobertura y la movilización para acciones delictivas que deslegitiman las demandas sociales.
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Presencia de redes transnacionales y disidencias: existen indicios y declaraciones oficiales que vinculan ataques con grupos armados disidentes y bandas locales que lucran con el narcotráfico y la minería ilegal.
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Escalada por respuesta militarizada: el uso exclusivo de la fuerza, sin canales de diálogo, aumenta la radicalización.
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Daño económico y humanitario: infraestructura, comercio y vidas humanas en riesgo; además de condenas internacionales por excesos de fuerza.
Objetivos de la respuesta
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Proteger la vida y la integridad de la población.
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Neutralizar a los grupos armados y desarticular redes de financiación criminal.
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Restablecer la normalidad en rutas e infraestructura crítica.
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Abrir un proceso inmediato de diálogo político.
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Garantizar investigaciones transparentes sobre abusos y violencia.
Medidas inmediatas (0–7 días)
A. Seguridad y protección con respeto a los derechos humanos:
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Priorizar la protección de civiles y establecer perímetros de seguridad.
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Ejecutar operativos policiales y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables.
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Asegurar y reabrir rutas críticas tras inspección técnica.
B. Comunicación y transparencia:
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Emitir un mensaje público que condene la violencia y diferencie a los manifestantes pacíficos de los grupos criminales.
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Habilitar canales de denuncia seguros.
C. Humanitario:
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Establecer corredores humanitarios y puntos de atención médica y de abastecimiento.
Medidas tácticas (7–30 días)
A. Investigación y persecución:
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Crear una unidad interinstitucional para investigar atentados y financiamiento ilícito.
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Congelar activos de origen ilegal.
B. Desarticulación de redes económicas:
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Ejecutar operativos contra la minería ilegal en cantones de riesgo.
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Fortalecer el control aduanero y fiscal para cortar flujos criminales.
C. Seguridad ciudadana y prevención:
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Implementar patrullajes comunitarios y programas de prevención juvenil.
Medidas políticas y de diálogo (simultáneas)
A. Establecer una mesa de diálogo con garantes independientes (Iglesia, ONU, CIDH).
B. Definir un calendario de negociación sobre temas acotados (combustibles, subsidios, transporte).
C. Implementar medidas socioeconómicas: moratoria temporal en alzas de combustibles, programas de empleo temporal y obras públicas.
Medidas institucionales y de largo plazo (30 días en adelante)
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Impulsar una reforma institucional y control anticorrupción local.
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Desarrollar una política nacional contra la minería ilegal con alternativas productivas.
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Fortalecer la cooperación regional para combatir disidencias armadas y narcotráfico.
Garantías de derechos humanos y rendición de cuentas
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Supervisión de las fuerzas públicas por organismos independientes.
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Investigación y sanción de abusos de autoridad.
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Transparencia en detenciones y operativos.
Indicadores de éxito
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Reducción de incidentes violentos a cero en 30 días.
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Reapertura segura de rutas en 14 días.
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Firma de un acuerdo marco de diálogo en 10 días.
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Imputación de líderes y financistas en 30–60 días.
Mensaje final
A la población: se garantiza protección y rechazo a la violencia.
A los manifestantes pacíficos: existen canales seguros de diálogo.
A los grupos armados: el Estado actuará con la ley y apoyo internacional.
A la comunidad internacional: se solicita cooperación humanitaria y de investigación.
