Pongamos en contexto el tema. Dado el nivel de politización de la justicia y la judicialización de la política en Ecuador, surgen algunas inquietudes:
¿Sería conveniente implementar un sistema de elección popular, universal y directa de jueces y fiscales —como lo hizo México— a través de una consulta popular?
¿Qué ventajas y riesgos tendría este modelo para garantizar la independencia judicial?
¿O existe un sistema alternativo que asegure mayor transparencia y meritocracia sin comprometer la autonomía de la función judicial?
Qué se hizo en México
Reforma constitucional al Poder Judicial
En septiembre de 2024, México aprobó una reforma constitucional que modifica varios aspectos:
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Reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9.
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Creación del Tribunal de Disciplina Judicial.
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Elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros a diversos niveles.
Legislación secundaria y reglas para la elección
Tras la reforma constitucional, se aprobaron leyes complementarias (Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Carrera Judicial y Ley de Responsabilidades Administrativas) para reglamentar cómo se realizarán esas elecciones.
Número de cargos y alcance
Serán electos por voto popular 881 cargos en junio de 2025, incluyendo parte de los cargos federales y algunos estatales.
A nivel federal, abarcan jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina y ministros de la SCJN.
En total, se registraron miles de aspirantes: por ejemplo, alrededor de 3.422 candidatos federales para esos 881 cargos.
Proceso de selección previa (pre-candidaturas, comités, evaluación)
Existen comités de evaluación encargados de revisar perfiles, filtrar aspirantes y certificar quiénes pueden presentarse. Se exigieron requisitos, plazos de postulación, entre otros.
Elección y votación
El 1 de junio de 2025 fue la fecha prevista para celebrar la primera elección de jueces federales y estatales bajo este nuevo esquema.
Resultados, observaciones y críticas hasta ahora
Participación ciudadana baja
Se esperaba una participación mucho mayor; sin embargo, los informes indican que fue de apenas 12-13 % del padrón electoral.
Además, los votantes debían enfrentar seis boletas distintas, dependiendo del tipo de cargo, lo que generó confusión y desinterés.
Costos elevados
El proceso se estimó en 13 mil millones de pesos mexicanos, generando debate sobre su financiamiento y sostenibilidad.
Preocupaciones sobre independencia judicial y riesgo de politización
Varios sectores criticaron que al someter a jueces y ministros a votación popular, existe el riesgo de que actúen buscando complacer a electorados o grupos políticos, en lugar de apegarse estrictamente al criterio jurídico.
Regulación previa y evaluación
El comité de evaluación intenta garantizar requisitos mínimos (experiencia, formación, idoneidad), considerado un filtro necesario para evitar que el proceso se convierta en una competencia de popularidad sin mérito técnico.
Ambiente político polarizado
El proceso se ha convertido en un tema de fuerte polarización: partidos, grupos políticos, medios y sociedad civil debaten sobre si esta reforma realmente fortalece o debilita la autonomía judicial.
Recomendaciones para Ecuador
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No copiar el modelo mexicano sin adaptaciones profundas.
Es necesario evaluar rigurosamente su aplicabilidad al contexto ecuatoriano. -
Fortalecer la meritocracia judicial con filtros previos exigentes.
Crear comités independientes que evalúen formación, experiencia y ética de los aspirantes antes de permitir su postulación. -
Aplicar modelos híbridos.
Combinar la evaluación técnica con algún grado de participación ciudadana (por ejemplo, consultas de respaldo o veto ciudadano). -
Impulsar reformas a los Consejos de la Judicatura.
Garantizar que sus miembros respondan a méritos y trayectoria, no a cuotas políticas. -
Priorizar la educación ciudadana.
Realizar campañas informativas antes de cualquier elección judicial directa, para evitar votos desinformados. -
Fortalecer mecanismos de control y sanción.
Asegurar transparencia en el financiamiento de candidaturas judiciales, sancionar el clientelismo y promover vigilancia ciudadana permanente. -
Reestructurar el CNE y el TCE.
Antes de cualquier proceso de elección judicial directa, deben fortalecerse las instituciones electorales responsables de garantizar su legitimidad.
Conclusión final
La experiencia mexicana representa un experimento ambicioso: por primera vez, un país de gran tamaño introduce la elección directa de jueces y ministros con objetivos democratizadores y de mayor rendición de cuentas.
Sin embargo, ya en esta fase inicial aparecen debilidades serias: baja participación, altos costos, riesgo de populismo judicial y la duda sobre si realmente mejorará la justicia o simplemente cambiará quién la administra, sin elevar los estándares de imparcialidad y eficacia.
En conclusión, la experiencia mexicana no es aplicable al Ecuador sin profundas reformas estructurales.
No obstante, dada la alta politización de la justicia ecuatoriana y las constantes “metidas de mano”, debió incluirse al menos una pregunta en la consulta popular relacionada con la independencia judicial, en lugar de las preguntas híbridas impulsadas por el gobierno.
