No es posible aceptar ningún exceso de fuerza por parte del ejército o de la policía en el control de las expresiones públicas de protesta. Resulta inaceptable que suceda, tanto más que el derecho a la resistencia es constitucional y, por lo mismo, viviendo bajo un régimen democrático, manifestar disconformidad y posturas opuestas al ejercicio gubernamental o a cualquier otro que genere reacción individual o colectiva, bien podría merecer calificarse como correcto.
Tras lo dicho, no obstante, ¿es posible aceptar como válidos los excesos de las públicas protestas y disconformidades? Parece que sí a interpretación de los protestantes, de los que los apoyan desde afuera y, destacadamente, por la totalidad de las organizaciones, propias y extranjeras, de los derechos humanos (DD.HH.), cuyos pronunciamientos y aseveraciones dan cuenta de que observan una cara de la medalla y escuchan solamente lo que quieren oír.
Si el uso por parte de las fuerzas del orden de armas (mortales y disuasivas, más la bruta personal de puñetes y puntapiés), de manera extrema y sin razón justificada, debe condenarse y reprocharse, ¿por qué no hacerlo igualmente con los que lanzan piedras y cohetes contra militares y policías, agreden físicamente e insultan a los periodistas, talan árboles y obstruyen carreteras, incendian retenes y vehículos policiales, destruyen automotores de transporte público y particular, utilizan bombas molotov y armas artesanales, emboscan convoyes y secuestran militares y policías?
Lo apropiado sería que este tipo de enfrentamientos no se produzcan, pues las pérdidas humanas, materiales y económicas son altísimas e irrecuperables. Pero también, con carácter obligatorio, será actuar con honestidad, decir la verdad sobre los hechos que acontecen y no tergiversarlos como ha sucedido en los últimos días. Quienes hablan a nombre y representación de los derechos humanos, sí pueden, pero no deben olvidarse de los humanos derechos de todos los ecuatorianos, entre los que se cuentan, por supuesto, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
