¿Quiénes están tras el paro en Imbabura?

Pongamos en contexto un tema muy delicado: en 12 días de paro, a esta fecha (2 de octubre de 2025), no hay salidas viables, con dos muertes confirmadas, decenas de heridos, personal de la fuerza pública secuestrado, hechos que pudieron evitarse, y lo más grave: serias denuncias de financiamiento del movimiento político correísta y de la Prefectura de Imbabura.

¿Quiénes participan en el paro?

1. CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador)
   Es quien convocó al paro nacional.

2. FICI (Federación de los Pueblos Indígenas de la Sierra Norte del Ecuador)
   Organismo indígena local, de Imbabura, que participa directamente en las protestas y coordina movilizaciones.

3. UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi)
   Otra de las organizaciones locales que han anunciado un “levantamiento indefinido” en Imbabura. Se han sumado junto con FICI.

4. Comunidades kichwas de la Sierra Norte, incluyendo Otavalo, Cotacachi, entre otras, que participan en movilizaciones y cierres de vías.

5. Dirigencia local de Imbabura, representada también por autoridades de cabildos indígenas.

Motivo del paro

El motivo principal es la eliminación del subsidio al diésel decretada por el Gobierno, a través del Decreto Ejecutivo 126.

Además, los manifestantes reclaman:

• Liberación de detenidos durante las protestas.

• Garantías de derechos.

• Denuncias de represión en algunas zonas.

Posición del Gobierno de Noboa

1. Gobierno Nacional (presidente Daniel Noboa):

   • Ha mantenido postura firme en no negociar la eliminación del subsidio al diésel.

   • Ha denunciado actos ilegales o “terroristas” por parte de manifestantes.

   • Ha señalado la existencia de “cabecillas” que obligarían a indígenas a participar, bajo amenazas de corte de agua o multas.

2. Autoridades locales/provinciales:

   • Gobernadora de Imbabura: Maite Landita recibió invitación para participar en diálogos.

   • Universidad Técnica del Norte (UTN): ha tratado de servir como mediadora.

3. Gremios productivos, comerciales y artesanales:

   • Afectados por cierres de locales, bloqueos y suspensión de ventas.

   • En Cotacachi denuncian impedimentos para trabajar y piden mesas de diálogo.

4. Organizaciones de derechos humanos y sociedad civil:

   • Fundación INRED ha denunciado traslados de detenidos y posibles vulneraciones de derechos.

   • La CONAIE y estructuras locales siguen siendo centrales, con presión de simpatizantes y críticos.

Acusaciones y controversias: posibles “actores invisibles”

• Ministerio del Interior: denuncia que algunos indígenas fueron obligados a participar bajo sanciones (multas, corte de servicios).

• Se acusa a infiltrados vinculados al movimiento Revolución Ciudadana (RC5) y a la Prefectura de Imbabura como ideólogos y financiadores del paro.

• Manipulación de la información: el Gobierno acusa a dirigentes de difundir desinformación.

• Reacción estatal: militarización, detenciones y denuncias de represión.

¿Por qué el diésel se convierte en objeto de contrabando?

Factores estructurales:

1. Subsidio estatal: genera precios más bajos y margen de ganancia para el desvío.

2. Diferenciales de precios internacionales: combustible en Perú y Colombia cuesta más, incentivando el contrabando.

3. Demanda en actividades ilegales: minería ilegal, narcotráfico, transporte informal.

4. Robo en infraestructura: “pinchazos” y extracción clandestina en poliductos.

5. Débil control institucional y corrupción: complicidad de autoridades facilita el negocio.

¿Quiénes se benefician?

1. Mafias y grupos criminales: organizan robo, transporte y comercialización.

2. Contrabandistas fronterizos: trasladan combustible a Colombia y Perú.

3. Intermediarios/comerciantes informales: revenden en el mercado negro.

4. Autoridades corruptibles: encubrimiento desde aduanas o gobiernos locales.

5. Usuarios finales ilegales: minería y narcotráfico reducen costos operativos.

Magnitud económica

• Pérdidas por contrabando y robo: más de USD 200 millones al año.

• En 2024: ~10 % de despachos de diésel no facturados (≈USD 120 millones).

• En 2025: decomisos por más de un millón de galones de combustibles ilícitos.

• Entre 2019–2020: pérdidas acumuladas ~USD 106,8 millones.

Efectos negativos

1. Pérdida de ingresos fiscales (IVA, aranceles, ingresos petroleros).

2. Distorsión de mercado frente a productores y transportistas formales.

3. Financiamiento de actividades ilegales (narcotráfico, minería ilegal).

4. Impactos sociales y ambientales.

5. Deterioro de infraestructura energética.

Conclusión / Evaluación del negocio ilegal

Desde la ciudad de Atuntaqui, provincia de Imbabura, donde me encuentro inmovilizado por el paro, se puede concluir que:

• El contrabando y robo de diésel sigue siendo muy rentable por los subsidios y debilidad institucional.

• El impacto fiscal es millonario y afecta sectores como salud, educación e infraestructura.

• Está vinculado a redes criminales transnacionales.

• Las recientes medidas del Gobierno buscan cortar incentivos, pero las acusaciones sobre el rol político de la Revolución Ciudadana y la Prefectura de Imbabura deben investigarse a profundidad.

Porque no solo pierde Imbabura: pierde todo el país.