Pongamos en contexto el tema para ayudar a los discapacitados de los asambleístas que no saben ni siquiera cómo cubrir el déficit del presupuesto que les envía su jefe, Noboa.
Según la iluminada vocera presidencial, la Proforma Presupuestaria 2025: el déficit “no es extremadamente superior” al de 2024 y asciende a $5.625 millones, equivalentes al 4,4 % del PIB, y lo único que se les ocurre para cubrirlo es con más deuda pública o transferir el déficit al ejercicio presupuestario del 2026 (viveza criolla).
Fórmulas innovativas para cubrir el déficit del 2025
La idea es cubrir el déficit sin recurrir a más endeudamiento con organismos de crédito internacionales, ni prorrogar el déficit para el próximo año 2026, recomendando las siguientes acciones de curso inmediato y de corto plazo en una ley de emergencia tributaria:
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Reasignación de excedentes petroleros vía CEREPS/FAC.
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Priorizar, por decreto y reforma presupuestaria, el uso de recursos del CEREPS y del Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC) a la cobertura de déficit y estabilización, antes que nuevos programas no ejecutados.
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“Congelamiento selectivo” de partidas subejecutadas (bienes y servicios, inversión con baja ejecución), liberando techos hacia educación/salud críticos y déficit.
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Optimizar caja con mejor gestión de anticipos y cuentas por cobrar del propio Estado (petróleos, aduanas, grandes contribuyentes), reduciendo días de cobro. No es deuda; es gestión de liquidez.
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Recuperación de pasivos con el Estado.
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Programas exprés de regularización de obligaciones tributarias (intereses/multas reducidos a cambio de pago al contado en 60 días).
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Revisar y derogar exenciones tributarias ineficientes (IVA, renta, arancelarias) con bajo multiplicador social.
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Lucha focalizada contra contrabando y subfacturación.
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Doble control aduanero en combustibles, licores y electrónicos; convenio SRI–Aduanas para cruces masivos de datos y sanciones rápidas. Esto incrementa recaudación sin subir tasas.
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Reenfoque de subsidios a energía/combustibles.
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Mantener precio final al vulnerable vía Bono de Desarrollo Humano y tarjetas focalizadas, pero reducir filtraciones (hogares de altos ingresos y contrabando).
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Subastas inversas obligatorias en insumos estandarizados; congelamiento de nuevas vacantes administrativas.
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Auditoría y monetización de activos ociosos del Estado, como por ejemplo los bienes inmuebles del IESS y los fideicomisos del Biess.
Estas y otras recomendaciones se dieron a inicios del 2025 y nada se hizo. Ahora tienen que enviar una ley de Régimen Tributario con carácter de emergencia económica para cubrir la inercia e irresponsabilidad de quienes manejan la parte financiero-tributaria de los presupuestos del Ejecutivo y de las comisiones de la Asamblea, observando el principio de unidad en la materia para que pueda pasar el filtro de la Corte Constitucional.
