Pongamos en contexto el tema que se debate en la Asamblea con un proyecto del Ejecutivo y que, en el papel, se presenta como una ley saludable, pero que esconde algunos aspectos en la exposición de motivos que van en contra de la parte resolutiva del mismo proyecto de ley.
Sin tratar de generalizar, la siguiente es mi percepción sobre las fundaciones en Ecuador:
Realidad mixta: la gran mayoría de fundaciones sí aporta (salud, educación, desastres), pero el sector es vulnerable a abusos (donaciones ficticias, desvío de fondos, evasión tributaria).
Riesgos típicos: donantes anónimos, efectivo, ONG “cáscara”, sobrecostos en proyectos, transferencias transfronterizas opacas.
¿Cuáles son las buenas prácticas que debe exigir Ecuador?
Lo que falta en el proyecto de ley es más socialización y el informe de la Corte Constitucional que garantice lo siguiente:
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Beneficiario final y debida diligencia de donantes.
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Estados financieros auditados y transparencia de proyectos.
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Registro público de ONG activas, reportes anuales, sanciones y cancelación por incumplimientos.
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Trazabilidad bancaria, límites al efectivo y reportes a la UAFE (unidad antilavado).
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Recular la idea de transformar a las cooperativas de ahorro y crédito en bancos.
Son muy numerosas las ONGs guayaquileñas auténticas que sirven desinteresamente en sus respectivas áreas. Justamente en la reunión de ACORVOL LA ENTIDAD QUE LAS COORDINA pude hacer una suscinta historia del voluntariado desde la colonia y es admirable la generosidad guayaquileña y al investigar yo también aprendí. Desconozco las que trampean en beneficio de unos pocos. A esas deberían sancionarlas, pero no que paguen justos por pecadores.