Pongamos en contexto el tema.
Se habla con mucha frecuencia de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, entendiendo por tales expresiones que la actuación de los jueces, o bien interfiere en la actividad propia de los políticos, o bien la sustituye. Surge entonces la pregunta: ¿puede ser posible que en un Estado de derecho como el ecuatoriano se acuse a veces de judicializar la política cuando se procesa a algún cargo público o a personas relacionadas con partidos políticos?
En mi opinión, en Ecuador, lastimosamente, la política está sobre el derecho, por encima de la democracia. En el papel, el funcionario judicial representa el espíritu de la Nación y de la democracia; es el ejecutor de la justicia. Sin embargo, en la práctica sucede que se fabrican pruebas para perseguir a inocentes que desconocen la ley: se manipulan chats, bots, audios y videos no periciados por autoridad competente e imparcial. Así se tuerce el derecho, y quienes lo hacen deben ser separados de nuestra administración de justicia, porque causan más daño que los narcotraficantes, los paramilitares o la guerrilla.
