Pongamos en contexto el tema, porque desde que empecé a ejercer la abogacía han pasado tres intentos de “sacar la mano” de la justicia sin resultados objetivos. Sin embargo, dependiendo de quién lo lidere, ese tufo político de una emergencia judicial —o por lo menos su declaratoria— puede ayudar si se usa como instrumento temporal y con metas claras; de lo contrario, en mi opinión, es solo maquillaje.
¿QUÉ HABILITA UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA JUDICIAL?
Contrataciones ágiles, jueces/auxiliares temporales, juzgados 24/7, presupuesto extraordinario, digitalización acelerada.
REQUISITOS PARA QUE FUNCIONE:
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Base legal clara, plazo (6–12 meses) y objetivos medibles: reducir mora en X%, audiencias fallidas < Y%, sentencias ejecutoriadas ↑, tiempos promedio ↓.
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Plan operativo: tribunales de flagrancia y macrojuzgados temporales; priorización (violencia, crimen organizado, corrupción, niñez).
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Proceso digital completo: notificación electrónica, firmas, expediente único, videoaudiencias.
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Gestión penitenciaria coordinada: cupos, traslados, clasificación de riesgo.
Controles y legitimación:
Auditoría de sorteos y asignaciones, analítica antiforo de impunidad, observatorio ciudadano/academia, informes quincenales.
Blindaje a la independencia judicial:
Nada de intervenir decisiones, solo gestión y recursos.
Salida ordenada:
Al finalizar, absorber lo que funcionó (plataformas, métricas, unidades especializadas) y cerrar lo extraordinario.
OPCIÓN COMPLEMENTARIA
Para superar la plaga de fiscales, jueces, tribunales y cortes de alquiler, se debe propiciar una elección de los operadores de justicia mediante consulta popular directa, universal y secreta, como la que ha efectuado el Estado mexicano.
RIESGOS SI SE HACE MAL
Compras opacas, captura política, medidas permanentes sin evaluación, fatiga institucional y una justicia que seguirá siendo el talón de Aquiles para Ecuador, que ni siquiera es capaz de designar un nuevo Fiscal con independencia y autonomía de gestión que produzca investigaciones sin persecuciones políticas.
