Los ciudadanos han sido históricamente consultados con tesis superfluas y hasta inconcebibles por gobiernos inestables y en momentos políticamente delicados. Así, el constitucional cumplimiento de mantener el crudo ITT “indefinidamente bajo el subsuelo”, por ejemplo, fue, es y seguirá siendo inejecutable por su incongruencia lingüística, insustentabilidad técnica e insostenibilidad económica.
La reducción del IVA en feriados ha demostrado una mayor predisposición al gasto y una superior recaudación para el erario. ¿Por qué entonces no reducirlo permanentemente? Si lo que ha sido bueno para el ganso, ha dejado de serlo para la gansa, la racionalidad económica estaría en desventaja al limitar los beneficios de un tarifario por horas, apenas para el turismo, incluso inconstitucionalmente subyugando en importancia tributaria a otros sectores que definitivamente no son los casinos.
Las consultas deben servir para resolver temas trascendentales cuando el liderazgo político es de corto alcance frente a los desafíos del largo plazo en la construcción de un verdadero Estado de derecho. Esta consulta, débilmente estructurada y pobremente sustentada desde Carondelet, corroe el liderazgo y la supremacía política del mandatario. Los errores del poder, de cualquier manera, deben ser juzgados sin pérdida anticipada de su autoridad política. En esa línea, los jueces constitucionales podrían también estar errados en sus dictámenes, pero la institucionalidad debe primar ante cualquier discrecional intento por su remoción política.
La consulta popular sirve como un mecanismo directo de democracia participativa donde los ciudadanos votan en las urnas para decidir sobre asuntos de gran importancia pública, permitiendo que el electorado apruebe o rechace propuestas y ejerza control sobre las decisiones políticas. Este proceso busca reflejar la voluntad popular en temas trascendentales a nivel nacional, regional o local, sirviendo como insumo vinculante para las autoridades y fortaleciendo la participación ciudadana en la toma de decisiones. Por lo tanto, los gobiernos deben respetar la voluntad popular expresado en las urnas. Su irrespeto es antidemocrático y debe ser rechazado por la ciudadanía.
La propuesta es incongruente cuando en otras ocasiones el soberano ya se ha pronunciado. Volvemos a consultas que no se ejecutan. Participo del reforzamiento de la seguridad mediante acompañamiento de tecnologías manejadas por agregados de fuerzas de países amigos. Pero expulsar la norma del Art. 5 lo veo que no va al sentir de la mayoría. No veo a la Guardia Nacional o al componente activo del ejército de los EEUU Recorriendo las calles de ciudades haciendo el trabajo de los nuestros.
Una cosa que se le pasa al gobierno es el fortalecimiento de las instituciones democráticas.