Pongamos en contexto el tema, que nació con la actual Constitución del 2008, y que se pretende eliminar con la consulta popular de Daniel Noboa prevista para diciembre del 2025. Ha sido impugnada por tirios y troyanos y quizá sea la única pregunta con sentido común y lógica jurídica.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el papel, es una entidad autónoma que forma parte y lidera la Función de Transparencia y Control Social de la República del Ecuador, creada en la Constitución de Montecristi en el 2008. Tiene como responsabilidad la designación de las principales autoridades en el país como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, el Fiscal General de la Nación, el presidente del Consejo de la Judicatura, las superintendencias, el Contralor General del Estado, y con alguna influencia importante en las designaciones de las autoridades de la Función Electoral. Es decir, un súper poder tan politizado que da vergüenza ajena analizar su gestión.
Miremos a continuación la inestabilidad política de sus presidentes, de este organismo inservible que fuera creado por la Constitución de Montecristi y que debe desaparecer del ordenamiento jurídico del Ecuador, porque a lo largo de su gestión ha hecho un inmenso daño a la democracia y no ha cumplido sus funciones de participación ciudadana transparente, como dispone la Constitución, en el mundo del Derecho conocido como el quinto poder del Estado. Antes del 2008 regía otra Constitución que establecía tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, aunque con una Constitución hiperpresidencialista.
Solo analizaremos la gestión de los presidentes del CPCCS desde el 2019 al 2025.
1. El cura Carlos Tuárez.
Después de triunfar en las elecciones del 2019, cuando se eligieron vocales del CPCCS, el cura Carlos Tuárez, con su voto y el de sus coidearios cercanos al correísmo Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá, llegó a la presidencia del CPCCS el 13 de junio del 2019. Solo dos meses después, el 14 de agosto del mismo año, la Asamblea Nacional los destituyó junto a los consejeros que habían respaldado a Tuárez para llegar a ese cargo. El Parlamento de ese entonces consideró que se arrogaron funciones e intentaron desconocer un fallo de la Corte Constitucional.
2. Cristian Cruz – El Carateca.
Formaba parte del mismo CPCCS del cura Tuárez. Se hizo de la presidencia el 20 de agosto del 2019 luego de una moción planteada por Sofía Almeida, sobrina del exasambleísta Luis Almeida. Llegaron con el apoyo de los vocales David Rosero, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán. El paso de Cruz por la presidencia del CPCCS no se diferenció mucho de su antecesor, y duró en el cargo 14 meses, un récord.
El 13 de octubre del 2020, Cruz fue censurado y destituido por el pleno de la Asamblea, acusado por el expresidente de la Asamblea Nacional del PSC, Henry Kronfle, por presunta falta de probidad y arrogación de funciones.
Cruz además fue cuestionado por la obtención y mal uso del carné que lo calificaba con el 81% de discapacidad visual y auditiva, y la licencia tipo E que le permitía comprar y conducir vehículos pesados. Qué sinvergüenza.
3. Sofía Almeida.
Tras la caída del carateca Cristian Cruz, la presidencia del CPCCS fue asumida en la línea de sucesión por Sofía Almeida, el 14 de octubre del 2020. No fue destituida por la Asamblea, sino por sus propios consejeros. El 3 de octubre del 2022, los vocales María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo la desconocieron, acusándola de haber suspendido sesiones en 25 ocasiones y de dilatar el concurso para la elección de autoridades como el Contralor General del Estado, que no era de su grupo político.
4. Hernán Ulloa.
Un abogado especialista en ciencias penales y criminológicas. Con este profesional del Derecho parecía que la estabilidad llegaba al CPCCS, ya que en tres años dirigieron cuatro presidentes. Ulloa asumió la presidencia el 22 de febrero del 2022 en medio de una pugna con Sofía Almeida.
Estuvo en el cargo durante 11 meses y fue censurado dos veces: primero por la Asamblea, por presunto incumplimiento de funciones, y luego destituido por la Corte Constitucional por incumplimiento deliberado y sistemático de una sentencia dictada en septiembre del 2022 que disponía el nombramiento del presidente titular del Consejo de la Judicatura. Con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, este organismo siempre ha sido la “divina trinidad” de la corrupción de la justicia ecuatoriana.
5. Gina Aguilar.
Tras la destitución de Hernán Ulloa, los consejeros del CPCCS eligieron como presidenta a Gina Aguilar, con un paso efímero y sin pena ni gloria en el CPCCS.
6. Alembert Vera.
En la elección del 5 de febrero del 2023 resultaron ganadores siete consejeros de participación ciudadana, quienes asumieron el 14 de mayo del 2023. Ese día eligieron como presidente a Alembert Vera y como vicepresidenta a Nicole Bonifaz.
El 6 de octubre de 2023, la Corte Constitucional destituyó a Alembert Vera de su cargo de consejero por sus acciones tendientes a anular, cuestionar o analizar el nombramiento de autoridades como la Fiscal General del Estado y la Corte Constitucional, así como otros funcionarios del Consejo.
7. Presidencia de Nicole Bonifaz.
Tras la destitución de Alembert Vera, en su calidad de vicepresidenta del consejo, la consejera Nicole Bonifaz asumió como presidenta mediante sesión extraordinaria del 15 de octubre de 2023. Bonifaz anunció una administración sin sesgos políticos e hizo un llamado a los consejeros a deponer diferencias.
El 3 de abril de 2024, tras seis meses de su designación como presidenta del consejo, con cuatro votos a favor, el pleno decidió su remoción argumentando una falta de confianza en su capacidad para ostentar dicho cargo, debido a la demora en procesos de designación de varias autoridades del Estado.
8. Andrés Fantoni.
El 3 de abril de 2024, después de la remoción de la consejera Nicole Bonifaz, y en su calidad de vicepresidente del consejo, asumió el cargo como presidente Andrés Xavier Fantoni Baldeón, hasta la actualidad (2025).
En su gestión aparece una decisión desacertada o “metida de pata” de este CPCCS: la elección de Mario Godoy Naranjo, cercano al correísmo, como presidente del Consejo de la Judicatura. Llegó en tercer puesto de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, inicialmente con la misión, entre otras, de revisar los procesos judiciales del correísmo y de su líder prófugo de la justicia refugiado en Bélgica. Hoy coquetea con el gobierno de Daniel Noboa, simulando una reingeniería de jueces y fiscales que a nadie convence, bajo el fundamento de la emergencia judicial.
Es de esperar que, por lo menos, dejen aprobado un reglamento para la elección de la Fiscalía General, con una designación transparente y basada en meritocracia, que garantice independencia y capacidad probada, sin metidas de mano en la administración de justicia por parte de ningún poder del Estado.
