La racionalidad preferiría, pudiendo costearse, una clínica privada antes que un hospital público. En salud, lo público es señal de decadencia (trágicamente, neonatos como víctimas), lo privado se considera calidad. Correa, en su momento, propició la derivación de pacientes al sector privado, pero sin eliminar los servicios públicos de salud. Como política pública, empero, esas derivaciones tampoco fueron ampliamente aceptadas por todas las clínicas privadas, tornándose en admisiones discrecionalmente seleccionadas.
Toda política pública es fallida al no poderse mantener en el tiempo. El Gobierno, al final, no pudo solventar más las cuentas de las clínicas en atención al público en general. Ese sector privado, sin embargo, sobrefacturó en muchos casos las cuentas al erario. Numerosas facturas, arbitrariamente abultadas, fueron incluso pagadas cuando funcionarios estatales de cierto nivel acabaron económicamente estimulados por los acreedores del Estado. El sobreprecio era vox populi, pero entonces no se hablaba de las vacunas y los contribuyentes, como siempre, costearon los balances, coimas incluidas.
Desde antes, entonces y hasta nuestros días, la red pública, incluyendo a la Seguridad Social, ha sido objeto del atraco por la razón de siempre. El problema no es estructuralmente la salud, sino la carencia de institucionalidad, por lo que lo público continúa siendo cruelmente explotado sin que siquiera llegue el escarmiento social por el abuso de malandrines de cuello blanco (corbata, guayabera y mandil incluidos).
La falta de institucionalidad y la corrupción son almas gemelas que, desde los inicios, han lactando del erario nacional hasta dejar a la madre sin leche para sus hijos.
García Moreno, Alfaro, Velasco, Camilo Ponce, Isidro Ayora y alguno más no lograron sino poner un paño tibio a la madre porque la voraz clase dirigente se comporta como vampiro.