Ecuador: El país de las maravillas, pero por sus disparates, no por sus virtudes

Un análisis urgente y necesario sobre la pregunta más peligrosa de la próxima consulta popular

INTRODUCCIÓN

Mientras el país aún despertaba el 5 de agosto de 2025, el presidente nos sorprendía con el anuncio de las preguntas de la consulta popular. De las siete planteadas, hay una que no solo ha generado preocupación, sino alarma: la que pretende someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político. ¿Estamos dispuestos a entregarle a una Asamblea sin exigencia académica el poder de castigar a la más alta autoridad jurídica del país?

UNA MAÑANA QUE COMENZÓ CON INCERTIDUMBRE

A las 06:01, en una maniobra inusual por su hora y forma, el presidente de la República difundía en redes sociales el contenido de la consulta popular. Siete preguntas que rápidamente circularon en medios y grupos de discusión jurídica. Pero fue la pregunta número seis la que captó la atención crítica de juristas, académicos y defensores de la institucionalidad democrática:

“¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”

EL PELIGRO DE POLITIZAR LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

La propuesta de someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político no es una simple enmienda legal: es una afrenta directa a la columna vertebral del Estado de derecho. Se trata de una idea peligrosa y profundamente regresiva que amenaza con desmontar, desde sus cimientos, la independencia judicial en Ecuador.

En una democracia sólida, los tribunales constitucionales no están diseñados para complacer a las mayorías ni para ajustarse al vaivén del poder político. Están concebidos para salvaguardar los principios superiores del orden constitucional, incluso —y especialmente— cuando sus decisiones resultan incómodas para quienes gobiernan o legislan. Pretender que los magistrados puedan ser enjuiciados políticamente por el simple hecho de dictar sentencias impopulares o controvertidas es confundir el derecho con la conveniencia, y la justicia con la revancha.

No se puede castigar el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional solo porque ciertos sectores discrepan de sus resultados. ¿Desde cuándo disentir con una sentencia se convierte en causa para destituir al juez que la emite? Si esa lógica prospera, dejamos de ser un Estado constitucional de derechos y justicia para convertirnos en una democracia de papel, donde la toga se subordina a la aritmética parlamentaria y la Constitución se interpreta a gusto del poder de turno.

Jurídicamente, los jueces de la Corte Constitucional no son elegidos para ser aplaudidos, sino para resolver con criterios técnicos, imparciales y fundamentados. Su función no está sujeta a popularidad, sino a legalidad. Someterlos al juicio político sin causales objetivas ni infracciones disciplinarias graves equivale a abrir la puerta a un linchamiento institucional, donde el conocimiento y la trayectoria quedan a merced del capricho político o la vendetta legislativa.

Aceptar esta pregunta en la consulta sería institucionalizar la persecución política bajo el disfraz de control democrático. Convertiríamos la función jurisdiccional en una actividad de alto riesgo político y, con ello, solo lograríamos dos cosas: jueces temerosos de fallar en derecho y una justicia constitucional cooptada por el poder.

En suma, no se trata únicamente de una mala pregunta: se trata de un ataque a la razón jurídica, al principio de separación de poderes y a la lógica misma de la democracia constitucional. Porque donde los jueces son perseguidos por fallar conforme a la ley, lo que termina enjuiciado no es un individuo, sino el Estado de derecho en su conjunto.

Finalmente, lo más alarmante no es solo que se pretenda someter a juicio político —con toda la carga de presión y chantaje que eso implica— a los jueces de la Corte Constitucional, el máximo órgano de control, interpretación y garantía de la Constitución. Lo verdaderamente devastador es quiénes serán los encargados de ese escrutinio: un órgano legislativo que, en muchos casos, ni siquiera cuenta con el conocimiento mínimo para comprender el contenido de las decisiones que pretende juzgar.

LO QUE DICE EL DERECHO INTERNACIONAL

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su fallo sobre el caso Camba Campos y otros vs. Ecuador, sentó un precedente claro e irrefutable:

“…los jueces solo pueden ser removidos por faltas disciplinarias graves o por incompetencia, y ello únicamente a través de procedimientos justos que garanticen objetividad e imparcialidad, conforme a la Constitución o la ley…”

Cualquier intento de reinterpretar este principio es una vulneración de estándares internacionales de independencia judicial y del Estado de derecho.

¿QUIÉN JUZGARÁ A LOS JUECES?

Aquí radica una de las contradicciones más graves: ¿quiénes serían los responsables de llevar adelante el juicio político a los jueces constitucionales? La Asamblea Nacional. Para entender el riesgo, basta revisar lo que la Constitución exige para ser asambleísta:

Artículo 119.- “Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.”

Sí. Eso es todo. No se exige título académico, experiencia pública ni conocimientos en derecho.

ASAMBLEA: DEL GARABATO AL JUICIO POLÍTICO

Este requisito mínimo ha permitido que el Legislativo esté conformado, en múltiples ocasiones, por personas sin preparación académica, experiencia profesional ni formación jurídica. Ejemplos abundan: desde exdeportistas que no podían leer con fluidez hasta legisladores que, en plenas sesiones, navegaban en tiendas en línea o, más recientemente, un adolescente de 18 años que garabateaba en papel durante una sesión de comisión.

¿Son estas las personas que tendrán la facultad de juzgar a jueces constitucionales con décadas de trayectoria?

Y DEL OTRO LADO… LA CORTE CONSTITUCIONAL

Veamos ahora lo que se exige para postularse como juez de la Corte Constitucional:

Artículo 433.- Para ser designado miembro de la Corte Constitucional se requiere:

1. Ser ecuatoriano y estar en ejercicio de los derechos políticos.

2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.

3. Haber ejercido con probidad notoria la abogacía, la judicatura o la docencia universitaria por al menos diez años.

4. Demostrar probidad y ética.

5. No haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido político.

¿La conclusión? Los posibles juzgadores tienen menos requisitos que los juzgados. Es decir, quienes podrían decidir el destino de los jueces constitucionales no tienen que demostrar ni conocimientos, ni experiencia, ni ética previa. Esa es la aberración institucional que plantea esta consulta.

LA CORTE NO ES INFALIBLE, PERO SÍ FUNDAMENTAL

Por supuesto que no todo fallo de la Corte Constitucional es perfecto o indiscutible. No se trata de blindar sus decisiones ante el escrutinio ciudadano. Pero sí de preservar su independencia, proteger su rol como intérprete final de la Constitución y evitar que se convierta en rehén de intereses políticos coyunturales.

CONCLUSIÓN: ESTO NO ES DEMOCRACIA, ES POPULISMO INSTITUCIONAL

La consulta popular, en lugar de fortalecer la democracia, podría debilitar sus pilares fundamentales si preguntas como la número 6 son aprobadas. No se trata solo de una reforma constitucional: se trata de un golpe a la institucionalidad jurídica del país, disfrazado de participación ciudadana.

Si verdaderamente se quiere replantear el rol de la Corte Constitucional, que se lo haga por los canales adecuados: reformas serias, amplios debates, garantías institucionales y respeto por la técnica jurídica.

Pero lo que no se puede permitir es que jueces constitucionales, cuya responsabilidad es interpretar la Carta Magna, sean sometidos a juicio político por legisladores cuya única credencial exigida es haber alcanzado la mayoría de edad.

Ecuador no necesita más disparates. Necesita decisiones firmes, sí, pero también responsables, legales y éticamente sustentables.