Pongamos en contexto el tema: en Ecuador estas funciones son esenciales para garantizar el acceso a la justicia y el cumplimiento de la ley. La Fiscalía es la columna vertebral del proceso penal y, actualmente, en el país, con el incremento de la delincuencia, el crimen organizado, el contacto con la minería ilegal y el narcotráfico, y con el nuevo sistema procesal penal acusatorio oral, se le ha dado a la figura del fiscal mayor protagonismo y poder. En muchos casos, se han creado conflictos de intereses sobre el cargo, incluido el político, utilizado para favorecer a sus “amigos” de determinado sector y para perseguir a los enemigos.
El fiscal es designado por el CPCCS, no por el Ejecutivo
A inicios de 2011, el CPCCS organizó el primer concurso de selección de Fiscal General. Antes, este cargo era elegido por el Congreso Nacional (ahora Asamblea), pero, en 2008, la Asamblea Constituyente de mayoría correísta creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para este y otros nombramientos clave.
Funciones de la Fiscalía
Las funciones del Fiscal General de la Nación en Ecuador y en la gran mayoría de la región latinoamericana, con algunos matices, incluyen:
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Investigar y acusar delitos, ejerciendo la acción penal y realizando investigaciones sobre hechos delictivos.
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Regular y organizar los asuntos penales, siendo la máxima autoridad de la Fiscalía General de la Nación.
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Nombrar y retirar a los servidores de su dependencia, según sea necesario.
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Colaborar en la creación de políticas del Estado en materia criminal y proponer proyectos de ley.
Desde el 2007 hasta la actualidad (2025), han ocupado el cargo de Fiscal General del Estado: Washington Pesántez, Galo Chiriboga, Carlos Baca Mancheno y Diana Salazar, además de fiscales que recibieron el encargo del CPCCS: Paúl Pérez Reina, Ruth Palacios y Wilson Toainga.
¿Por qué hay tanta expectativa e intereses alrededor de quién ocupará ese puesto?
En los juzgados del país, en los pasillos de la propia Fiscalía y en ciertos medios de comunicación acrítica, empieza a circular la idea de que se pretende designar al Fiscal a dedo. No se descarta una postulación de exfuncionarios que han colaborado con el régimen actual, cercano al Ejecutivo, o que se busque una designación sin concurso o con reglas acomodadas.
Si esto se concreta, es evidente que el cargo de Fiscal perdería la necesaria independencia e imparcialidad. Incluso podrían darse casos de conflicto de intereses y la administración de justicia seguiría estancada, transformada en un actor político antes que jurídico, sin verdadera independencia por su cercanía con el Ejecutivo.
Hay voces que justifican esta aberración bajo el argumento de que existe jurisprudencia en designaciones “a dedo” o con concursos amañados, como en los casos de los fiscales Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno, cercanos al correísmo, donde fue evidente la “metida de mano en la justicia”.
En esas administraciones, no avanzaron los casos de corrupción relacionados con los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht o la venta de petróleo ecuatoriano, que años después ya han sido judicializados y terminaron con sentencias contra el propio Correa y Jorge Glas.
Lo mismo ocurrió con el fiscal Carlos Baca Mancheno, quien había estado en el cargo desde junio de 2014. Antes había trabajado en la Asamblea Nacional (bloque correísta), en los ministerios de la Política, Interior e Inclusión, y fue el representante de Correa en la comisión que investigó la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
Por ese escándalo, Baca terminó cesado y censurado por la Asamblea, y José Serrano perdió la presidencia de la Asamblea. En la Fiscalía hubo meses de inestabilidad: Gen Rhea, Paúl Pérez Reina y Ruth Palacios alternaron en el cargo, hasta abril de 2019, cuando fue posesionada Diana Salazar, actualmente embajadora de Ecuador en Argentina, acusada de persecución política y encubrimiento en las investigaciones de casos emblemáticos de las administraciones de Moreno, Lasso y Noboa.
Designación
El nuevo Fiscal General debió ser nombrado hasta abril de 2025, cuando terminó el período de Diana Salazar. Sin embargo, el CPCCS —envuelto en sus propios líos políticos y de conformación— no concretó ese proceso.
El primer problema fue la aprobación del reglamento. En septiembre de 2024, con una importante influencia correísta, se aprobó un reglamento para el concurso, criticado por algunos requisitos exigidos a los postulantes.
Finalmente, en junio de 2025 —luego de la destitución de los consejeros de la llamada “Liga Azul” (correísmo)— el reglamento se reformó y el proceso de selección se inició formalmente. Se incluyeron cambios propuestos por gremios de abogados.
En medio de estas reformas, el CPCCS recibió los primeros señalamientos de la veeduría ciudadana conformada por el propio consejo, que emitió una alerta “por falta de transparencia y ausencia de respuesta del equipo técnico y del pleno del CPCCS”. Además, circulan versiones en medios de comunicación de que el Ejecutivo tendría la intención de que la designación del Fiscal recaiga en un colaborador cercano que desempeñaba funciones de Ministro de Gobierno.
Lo cierto es que el jueves 31 de julio de 2025 culminó la fase de postulación para integrar la Comisión Ciudadana de Selección, y se espera que hasta octubre de 2025 el CPCCS emita oficialmente la convocatoria y empiecen las postulaciones para designar al nuevo Fiscal General, quien reemplazará a Wilson Toainga.
Se prevé que el nombramiento se concrete hasta finales de año o, máximo, hasta febrero de 2026. Mi percepción y esperanza es que la Fiscalía General del Estado se convierta en una institución autónoma, que dirija la investigación preprocesal y procesal penal, procurando el acceso a la justicia con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas, y no a los intereses de los políticos de turno, del poder económico jerarquizado o del narcoestado.
