En Ecuador, las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones desempeñan un papel esencial en la construcción de un país más justo, inclusivo y solidario. A través de programas comunitarios, proyectos sociales, iniciativas de salud, educación, ambiente, derechos humanos, estas instituciones complementan y en muchos casos suplen los vacíos del Estado, llegando a territorios y poblaciones donde las políticas públicas aún no logran incidir con suficiente fuerza. Su aporte no solo radica en los servicios que prestan, sino también en el fortalecimiento de la participación ciudadana y la vida democrática.
En este contexto, el Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capital plantea un reto de gran envergadura: encontrar un equilibrio entre la legítima necesidad del Estado de prevenir delitos financieros y garantizar la transparencia, y el deber de proteger el espacio cívico que permite a las organizaciones no lucrativas cumplir su misión social.
Los aspectos positivos del Proyecto
El proyecto de ley parte de un principio válido: cerrar espacios al lavado de activos y a la financiación de actividades ilícitas. La creación de mecanismos de control y reportes más estrictos pueden contribuir a una economía más sana, a la estabilidad del sistema financiero y al cumplimiento de compromisos internacionales de Ecuador en materia de transparencia y lucha contra el crimen organizado.
Entre los elementos positivos se incluyen:
- La obligación de reportar operaciones inusuales o sospechosas, lo que fortalece la rendición de cuentas.
- La ampliación de competencias a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para supervisar no solo al sector financiero, sino también a actores no financieros.
- La intención de unificar estándares internacionales de debida diligencia, que en teoría podrían elevar la confianza hacia las organizaciones que manejan fondos de cooperación internacional.
Los riesgos y limitaciones
Sin embargo, el diseño actual del proyecto de ley presenta riesgos significativos para las organizaciones de la sociedad civil. El proyecto extiende obligaciones propias del sistema financiero a entidades que no operan con fines de lucro, imponiendo cargas administrativas y sanciones que, en la práctica, podrían asfixiar a muchas fundaciones y organizaciones de base medianas y pequeñas.
Entre los principales puntos de preocupación destacan:
- Altos requerimientos de reporte: Se exige entregar información periódica detallada sobre donaciones, gastos y beneficiarios, lo cual representa un reto para organizaciones comunitarias con recursos humanos y técnicos limitados.
- Sanciones desproporcionadas: La ley prevé multas y hasta la suspensión de actividades por incumplimientos formales, lo que podría criminalizar errores administrativos menores.
- Riesgo de discrecionalidad: el amplio margen de acción que se otorga a las autoridades supervisoras podría derivar en decisiones poco transparentes que afecten injustamente a actores legítimos.
- Impacto en la cooperación internacional: la excesiva burocracia puede desalentar a donantes extranjeros, reduciendo los fondos disponibles para proyectos sociales en Ecuador.
Qué hacer para mejorar el proyecto
El desafío no es oponerse a la regulación, sino ajustarla para que cumpla su objetivo sin afectar la vida democrática y la acción comunitaria. Algunas recomendaciones para mejorar la propuesta incluyen:
- Aplicar un enfoque diferenciado: no es lo mismo regular a una gran empresa con operaciones financieras complejas que a una organización comunitaria que gestiona donaciones pequeñas. La ley debe establecer escalas de cumplimiento proporcionales al tamaño, capacidad operativa y nivel de riesgo de cada organización.
- Fortalecer la capacitación y asistencia técnica: en lugar de solo imponer sanciones, el Estado debería proponer guías claras, herramientas digitales y programas de formación que facilite a las organizaciones cumplir con sus obligaciones.
- Garantizar mecanismos de apelación y transparencia: toda sanción debe estar acompañada de procesos claros de revisión y defensa, evitando arbitrariedades.
- Promover mesas de diálogo: la construcción de la normativa debe incluir a representantes de organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos de cooperación, de modo que la ley nazca de un consenso amplio.
Conclusión
El combate a los flujos irregulares de capital es un objetivo legítimo y necesario. No obstante, si se implementa sin considerar la realidad del sector social ecuatoriano, la ley podría debilitar precisamente a quienes contribuyen a cerrar las brechas de desigualdad y fortalecer la cohesión social en Ecuador.
La sociedad civil no debe ser vista como un riesgo, sino como aliada estratégica del Estado en el desarrollo y la democracia. Por ello, el llamado es a que el debate legislativo se nutra de la experiencia de las organizaciones sociales y derive en una normativa equilibrada, que garantice la transparencia financiera sin restringir la vitalidad de la participación ciudadana. Después de todo, la construcción del Nuevo Ecuador es posible escuchando la opinión de todos.
