Pongamos en contexto el tema: un cargo que es apetecido por tirios y troyanos por su inmenso poder en una administración de justicia que da vergüenza ajena y que ha transformado a la Fiscalía de un ente jurídico a un actor político.
Antecedentes: Durante la época del correísmo en Ecuador, varios fiscales generales y figuras políticas fueron involucrados en casos de corrupción y delincuencia organizada. Diana Salazar fue una de las fiscales que lideró investigaciones que salpicaron a figuras vinculadas al correísmo, incluyendo a Jorge Glas y otros involucrados en casos de sobornos y asociación ilícita. La Fiscalía General del Estado identificó 33 casos de connotación relacionados con corrupción, peculado y delincuencia organizada, que han generado alarma en la ciudadanía. La Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, enfrentó críticas por su uso de la justicia para perseguir a opositores políticos, lo que se conoce como lawfare. Estos eventos reflejan la complejidad y la controversia de la administración fiscal durante el régimen correísta y en los regímenes subsiguientes de Moreno, Lasso y Noboa, que han metido la mano en la justicia para tener fiscales funcionales a sus administraciones.
Si se analiza con objetividad y sin sesgos ideológico-políticos, se puede concluir que la Fiscalía General, desde el gobierno de Correa hasta el de Noboa, no se ha caracterizado por ser independiente de los gobiernos de turno. Por ejemplo, en la era correísta, la Fiscalía de Galo Chiriboga fue funcional a los intereses políticos de dicho régimen; durante los regímenes de Moreno, Lasso y Noboa, la Fiscalía evidenció esos nexos políticos, incluido el pago de favores ante la designación de la ex fiscal Diana Salazar como embajadora de Ecuador en Argentina.
Si bien hay que reconocer la lucha permanente y efectiva de la ex fiscal contra los casos de corrupción que involucraron a exfuncionarios del régimen correísta (como los casos “Arroz Verde” o “Reconstrucción de Manabí”), esa misma lucha no se vio en los casos de corrupción denunciados contra los gobiernos de Moreno (como el caso INA Papers), de Lasso (como el caso Encuentro, “León de Troya”) o de Noboa (como los casos Progen, Petro Noboa, chalecos antibalas). Incluso, por citar un ejemplo, en el caso del reparto de los presupuestos de los hospitales, por presión de sectores de la opinión pública se abrieron procesos de investigación que no avanzaron o terminaron en sentencias arregladas o en archivo, y eso es censurable.
Lo que no faltaron fueron los allanamientos publicitados y la divulgación de vergonzosos chats que, a mi juicio, si no son sujetos a pericias judiciales independientes, no constituyen pruebas plenas de un delito, especialmente cuando afectan a ciertos actores políticos de oposición.
La designación del nuevo fiscal
Lo más censurable del caso, en mi opinión sin filtros o sesgos políticos, es el proceso mañoso que no avanza en la designación del nuevo fiscal general, a cargo de un organismo amorfo denominado CPCCS que ni siquiera es capaz de poner en vigencia el reglamento para la designación del fiscal prorrogado. Este sigue la misma línea de Salazar y da a entender a la opinión pública que el gobierno aspira a contar con un fiscal cien por ciento funcional al régimen, es decir, sin someter a concurso de méritos y oposición, con una designación a dedo muy censurable desde todo punto de vista técnico-jurídico.
En este escenario, los autocandidatos se promocionan en redes sociales o en entrevistas arregladas ante medios de comunicación que hacen el juego sucio al gobierno de turno, sin importar el ordenamiento jurídico vigente.
Ver mi opinión completa con el titular: Justicia lenta y corrupta es justicia denegada.
