Pongamos en contexto el tema. Tras el bullado caso del joven asambleísta Dominique Serrano, que se pasa haciendo dibujitos en su curul, vimos a Rafael Correa Delgado intentando humillar al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, con el tema del nepotismo. A esto sumo mi criterio sobre la propuesta del presidente Noboa de implementar la “castración química” contra pedófilos y pederastas, tomando como referencia el caso del asambleísta Santiago Díaz, de la RC5, acusado de violar a una menor de edad.
Las leyes contra el nepotismo existen desde hace más de once años. Los contratos ocasionales son materia de reformas laborales ordinarias, y las prácticas de “contratos cruzados” vienen desde nuestra incipiente democracia.
El nepotismo no solo está en la Asamblea, sino también en más de 300 mil cargos burocráticos dentro de instituciones públicas, bajo control de representantes del Ejecutivo y de todos los entes seccionales (prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales), a vista y paciencia de los organismos de control.
Las reformas que impulsa la actual Asamblea no tocarán a los infractores, porque la ley o reglamento que pretenden modificar no tiene efecto retroactivo; solo servirá para el futuro.
Se debería prohibir el voto en plancha, eliminar el manoseo en los métodos de cálculo para asignar curules y, de una vez por todas, acabar con los partidos políticos “golondrina” que solo aparecen para hacer negocio en época electoral.
La ciudadanía percibe que la fiesta continúa, camuflada por una ignorancia legislativa que se justifica con leyes “sorbete” de efecto placebo, usadas como distractores frente a las crisis que siguen intocadas: economía, seguridad ciudadana, inversión extranjera directa, minería y petróleo ilegales, sistema eléctrico, seguridad social, empleo e informalidad.
En cuanto a la propuesta de “castración química”, estos delitos no están tipificados de forma expresa en el COIP, y la irretroactividad de la ley penal solo aplica para casos favorables al reo. Lo correcto sería primero realizar una investigación técnico-jurídica y científica seria sobre este procedimiento: su viabilidad, la tipificación adecuada, la diferencia entre pederastas y pedófilos, y los precedentes internacionales en países que han legislado de forma integral para castigar y prevenir este tipo de delitos, considerando tratamientos especiales tanto para las víctimas como para los agresores con trastornos psicológicos o mentales.
Antes de “meter las de andar”, invito a revisar mi opinión en la web Desde mi Trinchera de Guayaquil, donde he publicado más de 100 artículos de contenido jurídico, social y empresarial, sin sesgos políticos y con visión de país.
