Negligencia y opacidad en el contexto del tema han sido abordadas por varios medios de comunicación y analistas pro gobierno, y diluidas en la Comisión de Control Político —o Comisión del Archivo— que nos tiene entretenidos desde el Ejecutivo con dos leyes placebo que no resuelven ningún problema de los ecuatorianos. Me refiero a la Ley Orgánica para la Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública y la Ley de Solidaridad Nacional, que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado en medio de la crisis de violencia que vive Ecuador.
El contrato de Progen que traerá cola
El contrato millonario entre el Gobierno ecuatoriano y la empresa estadounidense Progen, destinado a mitigar la crisis eléctrica en el país, se ha convertido en un ejemplo de negligencia administrativa, falta de transparencia y fallos de planificación que involucran directamente al Ejecutivo.
Promesas incumplidas y excusas insuficientes
Firmado en agosto de 2024, el acuerdo con Progen comprometía la entrega de 150 megavatios (MW) de generación eléctrica mediante dos proyectos: 50 MW para Quevedo y 100 MW para El Salitral. Sin embargo, los plazos han sido incumplidos de manera sistemática.
Al 17 de diciembre, solo han llegado 23 de los 29 generadores prometidos para El Salitral, mientras que en Quevedo no se ha recibido ni un solo equipo. Inclusive se denuncia que llegaron equipos con errores de generación voltaica y que no son equipos nuevos. Increíble.
La empresa ha atribuido los retrasos a factores externos como el huracán Milton y una huelga portuaria en Estados Unidos. No obstante, estas explicaciones resultan inconsistentes, considerando que los equipos se encontraban en Houston, lejos del área afectada por el huracán. ¿A quién quieren engatusar?
Pagos adelantados, multas y motores cuestionados
A pesar del evidente incumplimiento, el Gobierno ecuatoriano transfirió el 70% del valor del contrato para El Salitral, equivalente a USD 69,58 millones, sin verificar adecuadamente el cumplimiento de las condiciones contractuales. Esto ha generado dudas adicionales sobre la procedencia de los motores, que según el asambleísta Lenin Barreto, no son nuevos como se afirma, sino refaccionados y vendidos bajo la marca Progen.
Reacciones en la Asamblea y explicaciones del Gobierno
En la Asamblea pregonan que los generadores ofertados, modelo EMD 645, fueron fabricados por última vez en 2015 y que Progen no tiene licencia como fabricante ni distribuidor de estos motores. Además, la Comisión Anticorrupción y otros organismos han exigido respuestas sobre la legitimidad de los equipos y el manejo del contrato.
La ministra Inés Manzano ha reconocido públicamente que el CEO de Progen, John Manning, «no dijo la verdad» sobre los generadores. Sin embargo, esta admisión no exime de responsabilidad a las autoridades ecuatorianas, que fallaron en garantizar un proceso de contratación riguroso y transparente.
El Ministerio de Energía ha impuesto una multa de USD 900.000 a Progen por los retrasos, un monto insignificante e irrisorio frente al valor total de los contratos (USD 149,1 millones). Además, se ha anunciado la destitución de funcionarios vinculados al caso y la realización de un examen especial por parte de la Contraloría General del Estado. Sin embargo, estas medidas parecen más un intento de apaciguar las críticas que una solución efectiva a la crisis.
Un sistema energético en crisis heredada
Lo cierto es que el caso Progen evidencia fallas estructurales en la gestión de contratos de emergencia y una preocupante falta de coherencia y responsabilidad en el manejo de recursos públicos.
Más allá de los incumplimientos de la empresa, la negligencia de las autoridades ecuatorianas ha dejado al país en una situación de vulnerabilidad energética, donde se desnuda la capacidad de fiscalización de la Asamblea y corremos el riesgo de un escenario con el regreso de los apagones.
