Pongamos en contexto el tema por dos circunstancias. La primera, por haber laborado en Cali, Colombia, como profesor y ser un seguidor de Gaitán y de Petro, quien ya desde guerrillero demostraba una genialidad para la manipulación de masas y la demagogia de su discurso de izquierda. Este discurso lo difundí en mi video en mi canal de YouTube bajo el título “El discurso de barricada de Petro”, dado en Chile, que dejó pasmados a los chilenos y que, en apenas tres meses, tuvo tres millones de visitas.
Y, en segundo lugar, ya como presidente, con los problemas naturales, heredados e inducidos por la guerrilla y el narcotráfico, y su adicción al licor y las drogas, Petro está haciendo un gobierno que lleva al desastre a Colombia. Y claro, tiene que cubrirse las espaldas para cuando entregue el poder en el 2026. Pero antes intenta la siguiente jugada maestra —si se lo permiten— para quedarse como dictador, siguiendo los pasos de Maduro.
El tema es que su equipo de colaboradores más cercanos, que también caminan por los senderos de la corrupción y el engaño, le hicieron creer a Petro que aún cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo colombiano. Por eso proyecta dos temas que salen de toda lógica jurídica —pero como en política nada está escrito en piedra—, con o sin “perica” o “aguardientico”, Petro “se quita el disfraz de oveja” y propone dos temas cruciales: la consulta popular y la posibilidad de una asamblea constituyente, solo con un simple decreto ejecutivo, saltándose las facultades y atribuciones del Senado de la República y del dictamen de la Corte Constitucional colombiana.
Reacciones políticas y jurídicas
Con duros reclamos, el senador Mauricio Gómez Amín se refirió a la consulta popular del presidente Gustavo Petro —crédito: Presidencia/Senado—.
Lo cierto es que, en este mes de junio del 2025, el Gobierno de Gustavo Petro notificó oficialmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el decreto que convoca a una consulta popular para el 7 de agosto de 2025.
Esta medida presidencial, calificada de demencial, desató una fuerte reacción política y jurídica en el país, ya que se percibe como un desafío directo a la institucionalidad y a los procedimientos legislativos establecidos. Con un simple decreto, crea una nueva legislación constitucional, en medio del crecimiento de la violencia, como el atentado contra Miguel Uribe Turbay, quien se debate entre la vida y la muerte, y cuya investigación penal el gobierno parece estar entorpeciendo, creando narrativas falsas para encubrir a quienes están detrás del atentado, tal como sucedió con el vil asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador.
El “plan B” del presidente Gustavo Petro
El plan A es la consulta popular previa, para monitorear el respaldo popular que supuestamente le han hecho creer que tiene. El plan B contempla la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente.
Con esta estrategia se pretende mantenerse en el poder y dar continuidad a su proyecto político.
Es clara y evidente la intención de Petro de atornillarse al poder, vulnerando todo el ordenamiento jurídico vigente en Colombia y en el ámbito constitucional internacional.
Concretamente, el “plan B”, que es la Asamblea Nacional Constituyente, demuestra que siempre ha tenido un plan muy específico para no irse del poder y para manipular al pueblo llano.
A diferencia de otros políticos colombianos y de la región, Petro lo dice elegantemente, tranquilamente, y con mucha inteligencia y habilidad política, pero cada día se quita más ese disfraz de oveja y vemos “la piel de lobo”, como afirman incluso ciertos partidos y movimientos políticos que lo ayudaron a llegar al poder, así como ciertos medios de prensa que actúan como actores políticos desinformando a la opinión pública.
La reacción de los partidos políticos y las trampas de Petro
Ante esta descabellada propuesta, se suma el malestar causado por Petro al descalificar a militares y policías retirados ante las críticas por el abandono a la Fuerza Pública. La pregunta del millón es: ¿por qué el guerrillero y sus secuaces están tan interesados en que las denuncias contra el decreto que firmó Petro —para convocar la consulta popular, que además cuesta 880 mil millones de pesos— se lleven a la Corte Constitucional, cuando se trata de un asunto administrativo que debería ir al Consejo de Estado?
La respuesta es que en la Corte Constitucional el trámite es de mediano y largo plazo, y además el control que hace esta Corte —según la Constitución colombiana— es a posteriori. Es decir, solo después de que se causa un hecho, la Corte entra a estudiar si es o no constitucional. Y evidentemente, esto no sirve al pueblo colombiano, porque lo que se necesita es una resolución inmediata a este entuerto jurídico demencial.
El senador del Partido Liberal indicó que el país debe proteger el marco legal y la separación de poderes —crédito: Senado de la República—. Lo que no esperaba el presidente Petro era encontrarse con el grueso de los partidos políticos oponiéndose a su propuesta, y con las Cortes también en contra. “Es una buena noticia que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, tenga la ponencia de este tema”. Esta declaración pone de manifiesto la relevancia de la intervención de la Corte, especialmente por el papel del magistrado Ibáñez. “Ellos pueden acompañar al gobierno en algunas cosas, pero son demócratas y quieren al país. Y, al final del día, saben que Petro pasará, y que, si ellos acompañan todas estas locuras, el país les pasará factura”, detalló el legislador.
Juan Sebastián Gómez hizo énfasis en la importancia de respaldar al Registrador Nacional, Hernán Penagos —crédito: @jua11se/X—. En su criterio, el Gobierno de Petro solo busca incurrir en el populismo para alcanzar sus objetivos, con una serie de trampas, como las críticas a la Registraduría, para justificarse ante sus electores y convocar a una Asamblea Constituyente por la vía de un Decreto Ejecutivo, inédito en el mundo jurídico, disfrazado de democracia.
Una de las trampas más astutas de Petro para atornillarse en el poder es nombrar a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, quien dará rienda suelta a todas sus propuestas. Este ministro es un comodín que le “acolitara” en sus descalabros jurídicos, quebrantando el Derecho Constitucional y sentando un mal precedente en la región, especialmente en Ecuador. Allí, al darse cuenta de que el bloque de las tres reformas de carácter económico urgente del presidente Noboa —que son proyectos “sorbete” con efectos placebo— no van a solucionar las crisis multifacéticas de los ecuatorianos, también se intentará reformar la Constitución de Montecristi para habilitar la reelección indefinida vía Asamblea Constituyente.
Mi percepción jurídica es que los gobiernos de izquierda en la región cada vez trabajan más para las arcas de las derechas y están más cerca del poder económico jerarquizado, y más lejos de la aplicación del Derecho.
Ver mi video en YouTube: El discurso de barricada de Petro
https://youtu.be/pfS1jXkrmQE?si=LfRBPxoKXqIDYCEh
