Pongamos en contexto el tema, que nació normado legalmente, pero contagiado con el dinero del lavado producto del narcotráfico. Las campañas son empresas electorales que llegan a poner en un mismo proceso varias listas y candidatos finalistas con egos deformados. Pero hablemos del financiamiento legal.
Seguramente te preguntarás: ¿De dónde sacan dinero los partidos políticos para hacer campaña? ¿Quién los vigila? ¿Qué pasa con el dinero que les sobra? ¿Cuánto ponen las candidatas? ¿A quién le queda el sobrante? Pues todo eso lo contempla la ley y reglamentación de cada país según su ideología y su sistema democrático o dictatorial.
Derecho a recibir financiamiento público
Es el dinero del pueblo, tal vez el más infamemente gastado, que en la práctica está legislado a medias en el mundo, en la región latina y en especial en Ecuador, con organismos de control electoral transformados en peajes al servicio del gobierno de turno.
Todos los partidos políticos con registro nacional o estatal tienen derecho a recibir financiamiento público para tres cosas: sus actividades ordinarias, es decir, su sostenimiento permanente; para actividades específicas, donde está lo relacionado con educación, capacitación de sus afiliados, investigación y tareas editoriales; y finalmente, para la obtención del voto.
Cuando se trata de elecciones para renovar la gobernanza o consultas al pueblo, se aprueban presupuestos especiales y, en algunos países, los partidos reciben 50 por ciento extra a la cantidad que les tocó como financiamiento ordinario. El dinero, en el papel, se distribuye bajo dos reglas: 30 por ciento de manera paritaria y 70 por ciento en forma proporcional.
¿Para qué lo usan?
El dinero es usado para cubrir los gastos de los eventos, asesorías, producción de mensajes para radio y televisión, propaganda de todo tipo, utilitarios, encuestas y sondeos de medición, oficinas, unidades móviles y todo lo que ocupan para moverse por la entidad y el territorio: personal, estrategas, entre otras acciones. La emisión de spots es gratuita, así como su participación en los debates que organiza el CNE de cada país, y en un gran porcentaje utilizando la publicidad en redes sociales, a veces con contenidos direccionados a dañar la imagen de sus opositores políticos.
¿Se reintegra el dinero no gastado?
Los códigos de las democracias, las leyes electorales de cada país, en el papel disponen que “las cantidades no ejercidas o gastadas” deben ser reintegradas a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal al finalizar la campaña, pero en la realidad son pocos los organismos con control electoral que fiscalizan estos dineros sobrantes, y abiertamente lo usan para gastos ordinarios y nadie les obliga a regresar el remanente.
¿No todo es dinero público?
Además del financiamiento público, los partidos tienen derecho a ingresar recursos privados, a través de aportaciones de la militancia, simpatizantes, autofinanciamiento o uso de rendimientos financieros, pero en el papel (que todo lo aguanta) dice que el monto de recursos públicos siempre debe ser superior y se deben respetar las reglas en cada rubro, sin posibilidades de pedir préstamos a la banca de desarrollo.
El dinero ilícito en campañas políticas
En Ecuador, las campañas políticas se financian de tres fuentes: el fondo de promoción electoral, el fondo partidario permanente y los aportes privados.
Las tres maneras que conforman el sistema mixto de financiamiento tienen reglas, usos y prohibiciones. Por ejemplo, en el papel (porque la norma no se cumple), los candidatos deben presentar cada 15 días un reporte de gastos electorales, y otro reporte 90 días después del sufragio.
El fondo de promoción electoral
El fondo de promoción electoral es asignado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo en época electoral —para elecciones seccionales y generales— y para las candidaturas debidamente inscritas y en firme.
Se asigna exclusivamente para la difusión de las candidaturas en medios de comunicación: televisión, radio, prensa escrita, vallas y medios digitales mientras dure la campaña electoral. Las pautas en redes sociales no forman parte de este fondo.
El fondo no se entrega directamente a la organización política, sino que el CNE, mediante el tarifario electoral, hace el pago al medio de comunicación directamente. Previo a las campañas, los medios de comunicación deben registrarse en el sistema del CNE y aplicar a la convocatoria de proveedores de promoción electoral.
Los candidatos no siempre usan todo el fondo electoral y “aquí podemos empezar a identificar posibles casos de direccionamiento del mal uso del fondo de promoción electoral para poder obtener réditos de ciertos políticos que se han vuelto parásitos sociales que aparecen en cada proceso electoral». Por eso, en mi opinión, es necesaria la eliminación definitiva de partidos políticos que no alcancen el mínimo electoral de votos y dejar el despilfarro del dinero público.
Aportaciones privadas
Una campaña electoral también se puede financiar por aportaciones privadas de los afiliados, adherentes y simpatizantes del partido o movimiento político, de recursos obtenidos de actividades organizativas, o de las rentas ocasionales generadas por sus inversiones, donaciones o legados, y últimamente en forma ilícita y camuflada del lavado de dinero del narcotráfico y de la narco guerrilla a través de aportes del sistema bancario, empresarial y del crimen organizado, que ponen y quitan gobernantes títeres a través del poder económico jerarquizado.
