Lo que ocurrió el 7 de junio de 2025 con el atentado contra el asambleísta Miguel Uribe Turbay en Colombia, bajo el gobierno de Petro —marcado por adicciones y abusos de poder—, al intentar promover una consulta popular vía decreto, saltándose las facultades del Senado de la República para permanecer en el poder o, al menos, encaminar la sucesión del cargo hacia cuadros de su confianza, es comparable con lo sucedido en Ecuador con el vil asesinato del político Fernando Villavicencio. En este último caso, actores judiciales encubren a los delincuentes intelectuales. Pasa también en Bolivia, con la desaparición de millones de dólares, y en Venezuela, donde Maduro ha consolidado un régimen totalitario y criminal.
Traigo a colación este tema porque me recuerda mi permanencia en Cali, Colombia, allá por los años 70-72, cuando el tema de conversación era Jorge Eliécer Gaitán, importante dirigente político colombiano, nacido en Bogotá el 26 de enero de 1903 y asesinado el 9 de abril de 1948. Fue abogado, estudió Jurisprudencia en Roma, fue elegido representante de la Cámara y luego presidente de la misma. Su asesinato provocó el levantamiento popular conocido como El Bogotazo, un evento que marcó la historia colombiana. Con el tiempo, las Fuerzas Armadas fueron superadas por el crimen organizado del narcotráfico y la narco-guerrilla que desangró al país.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay
Uribe, un hombre de unos 40 años, hacía campaña política en un espacio público, frente a sus seguidores. De repente, su cuerpo fue sacudido por las balas. La cámara cayó, se perdió el enfoque, y la gente empezó a correr gritando: “¡Cojan al asesino!”
Vienen a la memoria los casos de Soacha, el 18 de agosto de 1989, con el asesinato de Luis Carlos Galán, o el atentado en Bogotá el 7 de junio de 2025 contra Miguel Uribe Turbay. ¿Qué más da? La política de Petro y sus adicciones sigue siendo un desastre.
El atentado sufrido por el precandidato presidencial del partido opositor Centro Democrático este 7 de junio ha conmocionado no solo a Colombia, sino a toda América Latina. Como en cualquier lugar del mundo, un intento de asesinato contra un aspirante al cargo más alto del Estado revive fantasmas del pasado. Esta vez, se revive una pesadilla que Colombia ya vivió hace 35 años.
En la campaña presidencial de 1990, lo que recuerdo claramente es que no fue uno, sino muchos los candidatos asesinados. Una época marcada por la violencia criminal que azotó al país:
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En marzo de 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo, candidato de la izquierdista Unión Patriótica, en el aeropuerto de Bogotá.
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Antes, en 1987, su antecesor Jaime Pardo Leal también fue asesinado.
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Años después, se esclareció que paramilitares fueron los responsables de la muerte de Jaramillo, aunque en su momento se debatía si habían sido Pablo Escobar, sus socios o incluso las guerrillas de las FARC.
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Un mes más tarde, el asesinado fue Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 que había liderado su desmovilización. Un sicario le disparó dentro de un avión, sabiendo que sería abatido por los escoltas.
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Estas muertes, sumadas a decenas de bombas, secuestros y asesinatos, configuran la pesadilla que Colombia vuelve a enfrentar en 2025.
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En 1989, Juan Manuel Galán, hijo del asesinado Luis Carlos Galán, nombró a César Gaviria como su heredero político. Antonio Navarro Wolff mantuvo al M-19 en la paz, reemplazó a Pizarro y logró una votación histórica para la izquierda.
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Gaviria ganó las elecciones, promovió una nueva Constitución más plural y venció a Pablo Escobar, quien fue abatido en 1993.
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Luego vino el secuestro y asesinato de Diana Turbay, periodista y madre de Miguel Uribe. Murió durante un fallido intento de rescate. Su hijo tenía entonces solo 4 años, la misma edad que hoy tiene el hijo menor del actual precandidato.
El monstruo del narcotráfico y su impacto regional
El narcotráfico y su expansión en la región son una amenaza letal. Nunca antes América Latina había estado tan profundamente involucrada en actividades ilícitas y criminales.
En ese sentido, pareciera que todas las políticas de seguridad del continente han fracasado rotundamente —sean de izquierda o de derecha— mientras el mercado de las drogas, el lavado de dinero y la explotación ilegal de recursos naturales se consolidan como industrias más rentables que cualquier otra, y llegaron para quedarse.
Antes, los focos de estas actividades estaban claramente localizados en regiones específicas de Colombia y México. Hoy, Ecuador también ha sido contagiado por este flagelo, limitado por el dogal constitucional que representa la Constitución de 2008: madre de todas las desgracias, que se pretende maquillar con reformas cosméticas, sabiendo que la única reforma válida para el Ecuador es la revocatoria de la Constitución de Montecristi.
