Pongamos en contexto el tema, porque creo que estamos frente a una industria de la desinformación transnacional que se vende al mejor postor y que, en el caso de Ecuador, permite que se procesen leyes sensibles e importantes, pero que no enfocan los problemas ni las soluciones que realmente requiere la gente.
¿A qué leyes me refiero?
-
La primera propuesta de Noboa, en el papel, ataca la economía criminal vinculada al conflicto armado con la autorización del uso progresivo de la fuerza como régimen propio de las Fuerzas Armadas, dejando de lado el estado de excepción que no dio buenos resultados.
-
La segunda propuesta son reformas a la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, agilizando los procesos de contratación, aunque con algunas excepciones en el texto que no atacan el fondo del problema de la corrupción pública y privada.
-
Reformas que se preparan en materia tributaria, enfocadas en mejorar el manejo presupuestario, atraer inversión extranjera directa y fomentar el desarrollo de proyectos de explotación minera.
Este bloque de reformas tiene una importancia evidente, pero no son cambios estructurales ni tampoco responden a una emergencia económica urgente, porque el cambio de fondo que necesita el país —una nueva Carta Constitucional— se sigue diluyendo.
Veamos los datos reales de algunos sectores en crisis:
-
Empleo:
Entre 2012 y 2018, el empleo adecuado era del 42 % en promedio, es decir, 42 de cada 100 ecuatorianos tenían empleo adecuado. Hoy solo el 33 % cuenta con empleo adecuado, lo que significa que 132.000 personas lo han perdido solo en 2024, con cifras similares en gobiernos anteriores. -
Pobreza:
Hace años, la pobreza era del 21 %, hoy es del 25 %.
La pobreza extrema, de quienes viven con menos de dos dólares diarios, pasó del 8 % al 11 %. -
Producto Interno Bruto:
En 2024, el PIB del Ecuador habría caído un 9,7 %, por falta de crecimiento económico, inversión pública e inversión extranjera directa (fuente: Banco Mundial).
Indulto y legalidad
Por otro lado, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, cuando se debatía el informe de la propuesta de Noboa para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, se nos vende la idea del indulto prorrogado como un mecanismo para sortear presuntas inconstitucionalidades en las leyes presentadas, tanto para el gobierno de transición como para el periodo completo 2025–2029.
Esto, en mi opinión, representa un desconocimiento del Estado constitucional de derechos y pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que deja de lado la institucionalidad del poder público, el cual está sujeto a límites jurídicos y a un conjunto de controles que constituyen la base de la democracia, independiente del tema ideológico.
La Constitución de 2008: el dogal que impide el cambio
Hablemos con certeza y frontalidad, desde la óptica del ejercicio profesional del Derecho y sin sesgos políticos: el verdadero problema del Ecuador es de orden constitucional.
Me explico:
Ecuador no podrá salir adelante, ni superar las profundas crisis que lo sacuden, mientras no se revoque la Constitución de 2008 (Montecristi), que se ha convertido en una camisa de fuerza y un dogal para los ecuatorianos, impidiendo solucionar los problemas reales de la gente: empleo, seguridad, inversión y justicia.
La Constitución actual ha fragmentado la función judicial en cuatro subsistemas anacrónicos:
-
Justicia ordinaria
-
Justicia constitucional
-
Justicia indígena
-
Justicia administrativa del Consejo de la Judicatura, incluyendo las fiscalías
Conclusión
En síntesis, ecuatorianos, mientras no exista la entereza suficiente por parte del gobierno de Noboa, o actos de rebeldía ciudadana que exijan la revocatoria de la Constitución de 2008, Ecuador no tiene salida.
La inseguridad ciudadana es tan grave que las Fuerzas Armadas no pueden cumplir su papel por el dogal jurídico de una Constitución garantista que, en la práctica, protege a la delincuencia organizada. Tenemos un presidente atado de pies y manos, con problemas heredados y, en gran parte, con decisiones inconsultas inducidas desde su entorno.
A esto se suma la presión de una Corte Constitucional conformada por magistrados de gran formación académica, pero con desconocimiento de la realidad nacional.
No basta con las reformas mencionadas, cuyo debate y aprobación son de competencia ordinaria de la Asamblea Nacional. El fondo del problema seguirá intocado y terminará en otra muerte cruzada no deseada, sin retorno a la incipiente democracia.
