Pongamos en contexto este tema que ya analicé durante el gobierno anterior en un par de videos que están en mi canal de YouTube. Sin embargo, hicieron caso omiso y hoy vuelven a tratarlo como proyecto de urgencia económica. En el papel, las reformas son muy necesarias, aunque con ciertas observaciones que deben ser debatidas en la Asamblea, no solo acatadas por órdenes, y además deben pasar el filtro de una Corte Constitucional que no es del todo confiable.
La segunda propuesta del presidente Noboa ante la Asamblea tiene, al menos en el papel, un objetivo loable y necesario, pues la contratación pública es el verdadero cuello de botella del país. En este ámbito se pierden anualmente miles de millones de dólares, con procesos interminables y contradictorios que están incrustados en todo el sector público. La podredumbre es evidente, mientras los organismos de control de recursos muchas veces se hacen de la vista gorda o actúan como peajes, en ocasiones en coordinación directa con los entornos de los gobiernos centrales y seccionales, creando una sociedad de lobistas y nuevos ricos que acceden a información privilegiada para ganar licitaciones, concursos de ofertas y precios, con las consabidas “mordidas”.
El texto, al menos en teoría, incluye disposiciones valiosas —algunas tomadas incluso de mis videos— cuyo objetivo principal es hacer que el sistema de contrataciones sea más ágil y eficiente.
El problema central de la contratación pública es la maraña legislativa que afecta tanto al sector público como al privado, volviéndola inmanejable para el burócrata, quien queda expuesto a responsabilidades civiles y penales.
La propuesta plantea, por ejemplo, reducir de 19 a 5 los procesos de contratación, priorizando el concurso abierto mediante el uso de tecnología, algo muy común en países donde el dinero alcanza porque nadie roba y se utilizan la inteligencia artificial y el control automatizado de aplicaciones financieras.
Me explico:
Normativa nueva
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La propuesta, tal como está redactada, pretende eliminar las contrataciones de consultorías por vía directa o lista corta, donde tradicionalmente se reparten los contratos entre los mismos lobistas de siempre.
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Se eliminan los procedimientos de cotización de menor cuantía.
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La propuesta modifica la Ley de Contratación Pública respecto a las atribuciones de control del SERCOP, enumerando expresamente los pasos que deben seguir los burócratas para cumplir y vigilar los procesos.
Observaciones a la propuesta
No todas las contrataciones se realizarán mediante licitaciones abiertas.
La propuesta, por ejemplo, no regula las contrataciones bajo el régimen especial, como la subasta inversa o la contratación directa, que son precisamente los procedimientos donde se genera la mayor corrupción. En estos se ejecuta la mayoría de contratos, como la compra de medicinas, equipamiento médico o equipos para la seguridad pública, alegando emergencias, cuantías fuera de presupuesto o estados de excepción o supuestas guerras internas. Esta situación debe ser revisada e incluida en la nueva normativa.
Finalmente, la propuesta de ley debe endurecer las penas, o al menos «cortarles las manos o las uñas» a los burócratas que encubren contrataciones mañosas o que reciben sobornos.
Pueden consultar además mi criterio en la web Desde mi Trinchera de Guayaquil. La burocracia ecuatoriana, el mal del siglo XXI.
