Pongamos en contexto el tema con un ligero análisis, sin sesgos políticos, sobre la expulsión en los partidos políticos, tomando como referencia la consulta sobre si la expulsión del asambleísta Sergio Peña Vélez de la RC5 implica la pérdida de su curul.
Los partidos políticos pueden expulsar a sus miembros siguiendo sus propias reglas, pero esto no siempre implica la pérdida de la curul. Cada partido tiene sus propios estatutos que definen las razones y procedimientos para expulsar a alguien. La renuncia a una curul cuando se ha cometido una falta grave es más bien una cuestión de ética profesional, y se pierde únicamente en casos de corrupción cuando exista sentencia condenatoria en firme, es decir, ejecutoriada.
Causas de una expulsión
Cabe recordar que los estatutos de cada partido o movimiento político son clave para entender las normas de expulsión. Las más importantes son las siguientes:
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Reiterado menosprecio a las siglas en las que milita: es decir, críticas al partido y compartir afirmaciones que sugieren desconfianza en la dirección del mismo.
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Cambio de camiseta o de movimiento o partido político para beneficio electoral.
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Incumplimiento de las normas internas o menoscabo de la imagen del partido: esto ocurre cuando se violan acuerdos tomados por la dirigencia.
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Cometer faltas muy graves, como actos de corrupción en el ejercicio de cargos públicos, deslealtad al partido, desobediencia a las instrucciones de la organización y creación de corrientes de opinión contrarias a sus intereses.
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Personajes condenados por delitos relacionados con corrupción, con sentencia en firme.
En conclusión:
Diversos partidos políticos contemplan en sus estatutos la expulsión como medida disciplinaria, aplicándola en casos de corrupción, conducta perjudicial para el partido o desobediencia a directrices internas, entre otras razones.
La causal de expulsión directa y definitiva con pérdida de curul o cargo procede cuando el asambleísta o funcionario público negocia su permanencia en el cargo a cambio de su voto en un proyecto de ley, a fin de lograr un sobreseimiento judicial con sentencia ejecutoriada.
El caso de Sergio Peña Vélez, con un ego muy inflado e involucrado en el caso Danubio, así como otros asambleístas que llegan a sus cargos con antecedentes judiciales, muestra que la expulsión puede ser legítima. Sin embargo, la pérdida de su curul es una decisión personal, que debe regirse por la ética y la moral del acusado, y será de cumplimiento obligatorio únicamente cuando exista una sentencia ejecutoriada que lo condene con pérdida de sus derechos de ciudadanía y del cargo de asambleísta, e incluso prisión, dependiendo del delito legalmente comprobado.
