8 julio, 2025

La Seguridad Ciudadana es asunto de todos:  un llamado a la coparticipación estratégica en Ecuador

La seguridad ciudadana se ha convertido en el desafío más apremiante para el desarrollo y la estabilidad de nuestras ciudades y provincias en Ecuador. Las cifras hablan por si solas:  en el primer trimestre de 2025, el país registró un alarmante aumento del 65% de muertes violentas comparado con el mismo período de 2024, con un total de 2.361 homicidios. Guayas se erige como la provincia más afectada, concentrando 741 muertes violentas solo en este periodo.  A nivel cantonal, Durán se posiciona como uno de los más violentos, con una tasa de 82,59 homicidios por cada 100.000 habitantes en el primer semestre de 2024, superando incluso a Guayaquil, que reportó 799 casos en el mismo período. Las extorsiones, por su parte, han aumentado un 81% en 2025 con respecto a 2023, con Guayaquil como epicentro. Esta escalada exige una respuesta que trascienda la acción estatal tradicional y abrace la coparticipación ciudadana como estrategia fundamental para la prevención y la construcción de entornos seguros. 

La experiencia de ciudades como Bogotá y Medellín en Colombia, así como diversas localidades en México, han demostrado que la seguridad no es una responsabilidad exclusiva de la fuerza pública o de un único nivel de gobierno. Es un ecosistema complejo donde la colaboración de múltiples actores es indispensable. Cuando Bogotá y Medellín enfrentaban tasas de homicidios que superaban los 300 por cada 100.000 habitantes en los años 90, sus exitosas transformaciones no se basaron únicamente en la represión, sino en estrategias integrales que involucraron activamente a la sociedad.

La coparticipación ciudadana implica una alianza estratégica entre el empresariado; los medios de comunicación; los gobiernos: nacional, provincial y local; la academia; las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y organizaciones de la sociedad civil (OSCs). Cada uno de estos actores posee recursos, conocimientos y una capacidad de influencia únicos que, al ser articulados, pueden generar un impacto transformador en la prevención de la inseguridad.

Recomendaciones para impulsar la coparticipación en Ecuador, inspirados en experiencias exitosas

  1. Gobernanza colaborativa y mesas de seguridad multisectoriales:  Inspirados en la experiencia de Medellín, donde se establecieron mesas de seguridad con la participación de la sociedad civil y el sector privado; Guayaquil, Durán y otras ciudades del Ecuador deberían crear y/o fortalecer espacios de diálogo y decisión permanentes. Estas mesas deben ir más allá de lo consultivo, empoderando a los participantes para co-diseñar y monitorear políticas públicas de seguridad, asignar recursos y evaluar resultados. Los gobiernos locales son claves para liderar esta convocatoria. 
  2. Inversión social con enfoque preventivo:  Ciudades como Bogotá demostraron que la inversión en infraestructura social, educación, cultura y oportunidades para jóvenes en zonas vulnerables es una herramienta poderosa de prevención.  El empresariado puede jugar un rol crucial financiando programas de desarrollo comunitario, capacitación laboral y emprendimiento, así como apoyando espacios de esparcimiento que ofrezcan alternativas diferentes a la delincuencia. El gobierno nacional y provincial deben generar incentivos fiscales para estas inversiones privadas. 
  3. Comunicación estratégica y medios aliados:  Los medios de comunicación tienen la capacidad de informar, pero también pueden educar y sensibilizar. En lugar de solo reportar el crimen, pueden ser aliados de campañas de prevención, difusión de buenas prácticas y fortalecimiento del tejido social. Esto implica una relación de confianza y corresponsabilidad entre los medios y las autoridades, evitando la estigmatización y promoviendo la denuncia responsable y la cultura de legalidad.
  4. Investigación aplicada y el rol de la academia:  Las universidades y centros de investigación son fundamentales para analizar las causas profundas de la inseguridad, evaluar la efectividad de las políticas y proponer soluciones basadas en evidencia.  La academia puede ofrecer diagnósticos precisos sobre el fenómeno criminal en Guayaquil, Durán y otras ciudades a nivel nacional, identificando patrones y tendencias que orienten las acciones de los tomadores de decisiones.  Es vital identificar potenciales financistas privados y públicos para estas investigaciones y velar que los gobiernos usen sus resultados de forma adecuada.
  5. Fortalecimiento del tejido social y la participación comunitaria:  Las ONGs y OSC, al trabajar directamente con las comunidades, son el puente entre las políticas públicas y las necesidades del territorio. Su rol en la construcción de redes de confianza, la mediación de conflictos, la promoción de la cultura de paz y la vigilancia ciudadana es irremplazable. Se deben destinar recursos y capacitación para fortalecer estas organizaciones, permitiéndoles escalar sus iniciativas y replicar modelos exitosos a nivel barrial.
  6. Transparencia y rendición de cuentas:  La confianza es el cimiento de la coparticipación. Los datos de seguridad deben ser accesibles, verificables y desagregados para que todos los actores puedan comprender la magnitud del problema y evaluar el impacto de las intervenciones. Los gobiernos deben establecer mecanismos claros de rendición de cuentas sobre la implementación de estrategias de seguridad y el uso de los recursos.

La inseguridad ciudadana en Ecuador, con las cifras de Guayaquil y Durán como crudo reflejo, es un problema demasiado grande para ser abordado por una sola entidad. Es tiempo de dejar de lado los enfoques aislados y adoptar una visión de Estado y de sociedad.  La coparticipación ciudadana no es una opción, sino una necesidad imperante para construir entornos seguros, fomentar la convivencia pacifica y garantizar un futuro próspero para todos.  Bogotá, Medellín y otras ciudades en México han iluminado el camino: La seguridad es un esfuerzo colectivo y es momento de activar la prevención plenamente en Ecuador si queremos volver a ser la “isla de paz” que fuimos. 

 

1 comentario

  1. Jenny creo que tu descripción del problema es bastante clara y completa y los que hemos participado en este tipo de situaciones podemos reafirmarla pero ahora se necesita que la máxima autoridad, Presidente Noboa disponga la decisión política y los recursos para dar la batalla final, ya llevamos mucho tiempo en diagnósticos es hora de actuar sin miramientos ni excusas

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