¿Qué es el lawfare o máquina de Fango»

Pongamos en contexto el tema que solo entienden los colegas del Derecho y los afectados. Tiene su origen cuando los Estados en guerra empezaron a recibir denuncias de delitos de lesa humanidad cometidos por las tropas que creyeron voltear la historia utilizando la ley como arma política para perseguir a sus opositores, como el lawfare, los falsos positivos, el influjo psíquico, los golpes blandos, etc., como armas políticas con apariencia de legalidad.

¿QUÉ SIGNIFICA ‘LAWFARE’?

Se conoce como guerra jurídica, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial (en inglés, lawfare) a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.

El término lawfare tiene su origen en la combinación de las palabras inglesas law (ley) y warfare (guerra). Según el Diccionario de Lengua Inglesa de Oxford, designa «acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país, grupo o gobernantes».

En el ámbito de la política, designa «el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».

EL LAWFARE EN AMÉRICA

En España y Ecuador, por ejemplo, partidos políticos como Unidas Podemos, los Comunes, Compromís, los partidos independentistas de Cataluña, incluido el presidente Sánchez, y en Ecuador el expresidente Correa con su movimiento de la Revolución Ciudadana, hoy CR5, son algunos de los que se han proclamado víctimas de procesos judiciales propiciados por el lawfare en esta última década.

En definitiva, el lawfare es una «máquina del fango».

¿A qué se refiere Pedro Sánchez cuando habla de «la máquina del fango»?

El término «fango» ha sido uno de los más utilizados por Pedro Sánchez tras su reflexión de cinco días.

«…que lo utilizan los organismos que administran justicia y en ciertos casos captan a jueces y fiscales utilizando personajes que trabajan de manera orquestada con grandes corporaciones mediáticas».

Mientras unos señalan y acusan, otros alimentan la historia casi siempre con narrativas e información falsa, porque el objetivo no es informar sino preparar a la opinión pública, tratando de justificar cualquier acción que se tome de ese gobierno o de esa persona y, de esta manera, a través de lo que es el lawfare o guerra jurídica.

EE. UU., con el lawfare, por ejemplo, logró derrocar a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, a Fernando Lugo en Paraguay, encarcelar a Lula da Silva en Brasil, al vicepresidente Glas en Ecuador y sacar de la carrera presidencial a Rafael Correa, a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Pero hay un caso que se suele pasar por alto: el de Venezuela. Como EE. UU. no pudo penetrar en el sistema de justicia de este país, utilizó a funcionarios de otros países y de instancias internacionales para emprender una guerra jurídica contra Venezuela, tratando de equiparar y justificar sus intervenciones por ciertos excesos que se cometieron por los dos últimos gobernantes.

En el caso de Chile, por ejemplo, con el lawfare buscan activar la jurisdicción internacional que se aplica en casos de genocidio, que se utilizó contra Pinochet, y equiparar puntuales excesos de abusos policiales que cometieron en ese país algunos gobernantes.

En el caso del franquismo en España, donde se denuncia miles de personas fallecidas, desaparecidas y asesinadas, enterradas en fosas comunes.

En el caso de Venezuela es sui géneris: como ni las amenazas del golpe militar, ni el saqueo del petróleo por parte de Chevron, ni la asfixia económica les ha dado buenos resultados, apelan a la guerra jurídica del lawfare contra el gobierno de Maduro, y cada cierto tiempo cambian de táctica, pero lo que no cambian son los objetivos de apoderarse de los recursos naturales de la región latina y del resto del mundo.