La malinterpretación de los Derechos Humanos

Una amenaza silenciosa en Ecuador

En el Ecuador, los derechos humanos deberían de ser la base de una sociedad justa y democrática; sin embargo, su aplicación errónea y la mayoría de veces oportunista está generando desde hace ya muchos años, un efecto contrario, trae consigo impunidad, frustración ciudadana y debilitamiento institucional.

Hemos sido testigos, desde tiempo atrás, de cómo el discurso de los derechos humanos ha sido utilizado para justificar actos ilegales, evitar sanciones y deslegitimar el accionar de las fuerzas del orden; esta distorsión no sólo confunde a la ciudadanía, sino que, pone en riesgo la convivencia pacífica de los ciudadanos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Nuestro país, adoptó un enfoque garantista en la Constitución de 2008, con el objetivo primordialmente de proteger los derechos individuales frente al poder estatal; pero, en la práctica, ese enfoque se ha distorsionado a tal punto que se deriva en decisiones judiciales que le dan un privilegio al agresor sobre la víctima. Es así que vemos que, delincuentes con un amplio prontuario recuperan la libertad por errores mínimos en los procesos o apelando a medidas sustitutivas, mientras que las víctimas observan cómo la justicia se aleja de sus realidades.

El auge de la violencia criminal en Ecuador, ha puesto a prueba nuestra institucionalidad, la penetración del narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada (GDO) y los actos terroristas han superado por mucho la capacidad de respuesta de las autoridades; en este escenario, aplicar los derechos humanos de forma estricta, sin considerar el contexto de emergencia que vivimos, ha paralizado operativos, debilitado mandos policiales y envalentonado a estructuras criminales, teniendo un único resultado: una seguridad en crisis e instituciones en duda. 

Los derechos humanos no pueden, ni deben ser vistos como “obstáculos” para la justicia, ni como “excusa” para eludir responsabilidades; por el contrario, deberían ser una guía para la construcción de una sociedad digna, justa y segura, pero para que esto ocurra, se los debe aplicar con responsabilidad, sin la más mínima gota de distorsiones ni privilegios.

En definitiva, nuestro país necesita una nueva cultura de derechos humanos, una que proteja a los más vulnerables, que defienda a las víctimas, respalde a las instituciones y fortalezca la seguridad; sólo así, el discurso que se maneja en base a los derechos humanos dejará de ser un campo de batalla ideológico y se volverá una herramienta de justicia para todos, sin solapar delincuentes, castigando a culpables con todo el rigor de la ley y brindándole a la sociedad ese ambiente de paz, protección y justicia que tanto nos hace falta.