Desde un punto de vista etimológico, tanto el término ética como el término moral son equivalentes. Esto se debe a que ambos han sido castellanizados a partir del griego, evitando su versión latina. Así, ética y moral se emplean para traducir una misma raíz griega: Ethos, que significa costumbre y carácter.
Ethos quiere decir sistema de costumbres o sistema de creencias valorativas de la vida. Por otro lado, la disciplina llamada ética surgió en Grecia no con el propósito de describir los sistemas de creencias valorativas existentes en una u otra cultura, sino con el objetivo de examinar si dicho sistema era el mejor o el más deseable posible.
Resumiendo: la ética apareció como una reflexión acerca de la mejor manera de vivir.
Veamos ahora un ejemplo de ética aplicado a la designación de autoridades.
Para poder determinar culpabilidades, y con ello tratar de evitar juicios meramente subjetivos, habría que partir de ciertos supuestos lógicos. Por ejemplo: debería resultar prácticamente imposible que una autoridad, en uso de su poder, ignorara —al momento de ofrecer un nombramiento— la falta de méritos de la persona a quien eleva inmerecidamente a una situación de privilegio.
Esto también nos puede llevar a deducir que, si el beneficiario del cargo estaba consciente de que este superaba sus conocimientos o capacidades, su conducta ética debió ser rechazar dicha oferta.
Además, tendríamos que analizar si la autoridad que hizo el nombramiento tuvo motivos personales para hacerlo, como, por ejemplo, la necesidad de «pagar favores», entre otros.
El Estado, como cosa pública, debe estar representado por personas con los méritos suficientes como para actuar con solvencia, garantizando un margen de seguridad adecuado. Esto permite que el jefe del Estado o su ministro puedan, en caso necesario, exigir mejoras en el desempeño sobre la base de esos méritos, los cuales deben traducirse en solvencia personal, preparación adecuada y experiencia profesional.
Por otro lado, los funcionarios públicos no deberían continuar como columnistas, ni mantener activas sus oficinas particulares o bufetes de abogados, ni mucho menos presionar con su investidura pública a sus clientes.
